Escuchábamos a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, alegar en una intervención reciente en Berlín que había que "fomentar el derecho de voto en las empresas como parte de un nuevo socialismo ". Esta aparente inocua afirmación esconde un nuevo proyecto del Gobierno que está desarrollando una nueva idea para que se dote a los sindicatos de mayor participación en las empresas españolas y sus consejos.
Lo cierto es que ya tenemos una larga tradición de concertación con los representantes sindicales y que, a lo largo de estos años, han dado sus frutos si los observamos con perspectiva, pero lo que llama poderosamente la atención es el momento elegido para lanzar esta nueva “ocurrencia”, acompañada con declaraciones como “que las decisiones en las compañías se sigan tomando en los consejos de Administración, apegados al reparto de los dividendos y sin pensar en los retos productivos del país o del sector.” La causa, clara: se acercan elecciones.
Creo que debemos arrojar un poco de luz sobre este asunto. En España, la participación de los trabajadores en la empresa se encuentra recogida en el artículo 129.2 de la Constitución Española (CE) y en el artículo 4.1, g) del Estatuto de los Trabajadores (ET), el cual no confiere el derecho a los representantes de las personas trabajadoras, de forma ordinaria, a intervenir en las decisiones empresariales, se limita al ejercicio de los procedimientos de información y consulta, recogidos en artículo 64 del ET.
Por otro lado, el Tratado de Funcionamiento la UE en su artículo 153.f, establece el apoyo en materia de representación y defensa de los intereses colectivos de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Y, aunque han desarrollado algunas directivas, regulan de manera parcial el derecho de participación en la toma de decisiones empresariales. Lógicamente esta limitación nace fruto de la realidad empresarial que considera la cogestión como un riesgo a la dinámica de gestión y de inversión para los empresarios en un escenario como el que vivimos en la actualidad.
Las críticas a los modelos participación de los sindicatos en la dirección de la empresa están muy extendidas, ya que los principios de la cogestión o coparticipación pueden restar dinamismo y generar efectos negativos para alcanzar los objetivos económicos. En defensa de la cogestión escuchamos voces que se apalancan en la reducción de la conflictividad o mejoras de productividad, argumentos que me llaman poderosamente la atención, más propios de un escenario de chantaje que de negociación. La respuesta reciente del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al proyecto de la vicepresidenta reflejan el sentir del empresario: "Nos arruinaría a todos los aquí presentes".
Sin duda, los actuales mecanismos de diálogo social entre las Confederaciones Sindicales y las Confederaciones Empresariales –CEOE y CEPYME– son suficientes desde la perspectiva de un marco de relaciones laborales, que ya contempla herramientas de participación para desarrollar plenamente los derechos de participación de las personas trabajadoras en las empresas previstos en la Constitución Española. Sin embargo, me permito añadir que sería deseable que no se impongan vía BOE los acuerdos cuando los empresarios discrepan.
Ahora la cuestión no es la cogestión. La prioridad debería ser no subir impuestos. Pero, no solo a los empresarios, apoyar también a los trabajadores que están sufriendo esta crisis económica agravada por la desbocada inflación y hacerlo con una tributación que permita incentivar el consumo. Asimismo, que a su vez favorezca la capacidad de inversión de las empresas y lo que sería más importante, tener un compromiso explícito por el desarrollo empresarial que a la postre será positivo para el país, la sociedad y el empleo.
No parece que sea el mejor momento para impulsar un proyecto de cogestión y máxime aún a la vista del negativo impacto de la reciente reforma laboral que según la última publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA), que nos deja una destrucción de 100.000 empleos.
