La incertidumbre política aumenta el riesgo de desaceleración de la economía española, según los análisis de los expertos
España afronta los próximos meses con un bloqueo político a la vista. A una sociedad dividida y a una población que cada vez está más lejos del poder adquisitivo que ostentan las principales potencias europeas, se le une una incertidumbre política que podría condicionar la economía del país para lo que resta de año.
Riesgo de inflación a corto plazo
Los expertos coinciden en que la falta de acuerdos en el marco político (que puede prolongarse durante meses) favorecerá el incremento de la inflación en nuestro país. Esto a pesar de los esfuerzos realizados durante el último año para reducirla al mínimo.
Así lo asegura Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía. Además, cree que "su principal derivada en el medio plazo será cómo afectará la lucha contra la inflación a la actividad económica y al potencial de crecimiento de las economías".
Lo cierto es que hemos visto que la inflación se ha ido moderando, y se estima que, en el promedio de 2023, el IPC se sitúe por debajo del 4%, y próximo al 3% de media en el año 2024.
Según el Instituto de Estudios Económicos en su informe de julio sobre la coyuntura económica, tras la revisión del INE, las previsiones económicas para 2023 han mejorado, estimando un crecimiento del 2,2%. No obstante, se prevé una notable desaceleración de la actividad en la segunda mitad del año y un crecimiento muy discreto para 2024, del 1,5%.
El nuevo escenario político aumenta la incertidumbre y el riesgo de desaceleración de la de la economía española. El aumento de la incertidumbre influye negativamente en las decisiones y en la actividad, lo que, de mantenerse en el tiempo, puede conllevar un freno adicional sobre los proyectos de inversión y la creación de empleo.
Un contratiempo añadido es el aumento de las dificultades para acometer la inevitable consolidación presupuestaria que se exige desde Europa. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2024 se van a poder aprobar, en el mejor de los casos, con un fuerte retraso, y si se volvieran a incorporar subidas adicionales de impuestos, las expectativas y la desconfianza de los agentes se podría agravar aún más.
De igual forma, la ausencia de mayorías claras de Gobierno dificulta la implementación de las reformas estructurales necesarias para aumentar la competitividad, la productividad y el crecimiento potencial de la economía española, afirman en el IEE.
A toda esta situación hay que sumarle la posibilidad de una nueva subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. No es nada descabellado, pues se espera que la Reserva Federal estadounidense lo haga antes de finalizar la semana, en otros 25 puntos. Si la Unión Europea continua con las políticas características a las que nos tiene acostumbrados, seguirá el ejemplo americano y el BCE volverá a subir los tipos. Por ende, la economía española podría volver a resentirse.
La economía española en 2023: de más a menos
Si todos los pronósticos se cumplen, parece que la economía española perderá fuelle durante lo que queda de año y seguirá por la misma senda en 2024. Las previsiones de la OCDE arrojan unas cifras bastante más escuetas de las que se esperaban.
Para el próximo año se espera que el crecimiento del PIB no supere el 1,9%, algo inferior al 2,1% de media esperado para 2023. Por su parte, la variación interanual de la inflación seguirá estando en el 3,9%.
En cuanto al crecimiento, España estará por encima de la media de muchos países desarrollados como Alemania, Francia o Japón, pero vemos que la inflación será su asignatura pendiente para el 2024. Mientras Italia o Alemania serán capaces de reducirla en más de tres puntos, nuestro país mantendrá los mismos niveles que hemos visto este año.
Durante el primer trimestre del año, la economía española, según el informe del IEE, creció un 0,6%, por encima de las cifras esperadas. Esto se ha debido principalmente al repunte del turismo, que ha alcanzado ya los números previos a la pandemia (y los supera en lo que respecta al gasto) y a la disminución del coste de las materias primas, sobre todo de los productos energéticos, lo
que ha tenido su reflejo en una significativa desaceleración de la inflación general, aunque la subyacente sigue elevada.
No obstante, los indicadores más recientes comienzan a mostrar un panorama menos positivo, que podría estar apuntando hacia una desaceleración de la actividad en la segunda parte del año. En concreto, la fuerte subida de tipos de interés, que ya se sitúa en 400 puntos básicos, hace que los costes de financiación para los hogares y para las empresas estén aumentando de forma generalizada por instrumentos y modalidades.
En este contexto, preocupa la evolución del consumo en los próximos trimestres. De una parte, los hogares podrían estar recuperando poder adquisitivo gracias al aumento del empleo, al incremento de los salarios nominales y a la desaceleración de la inflación. Sin embargo,
el efecto de la subida de los tipos sobre los gastos financieros comienza ahora a impactar, de forma notable, en la renta disponible de las familias endeudadas y seguirá aumentando en los próximos trimestres a medida que se vayan revisando préstamos a los tipos actuales.
Con estas previsiones, unidas al elevado gasto público y al aumento continuo de la deuda, el Instituto de Estudios Económicos da una serie de recomendaciones para solventar cuanto antes esta peligrosa situación. Por ello, el IEE recomienda llevar a cabo un ajuste presupuestario con el objetivo de alcanzar la estabilidad fiscal, a través de un plan que tenga, como principal objetivo, la consolidación de las finanzas públicas mediante medidas de control del gasto para recuperar la sostenibilidad de las mismas.
Estas acciones se deberán llevar a cabo junto con la implementación de reformas estructurales que impulsen el crecimiento potencial, fomentando inversiones que mejoren la productividad a largo plazo, en detrimento de medidas que comprometen la competitividad de la economía española y una estructura de gasto que minimiza la viabilidad de las finanzas públicas y el crecimiento futuro.
