El grupo parlamentario Sumar presentará este martes una proposición no de ley en el Pleno del Congreso con el fin de reformar el sistema de despido improcedente en España. Esta iniciativa busca que el despido sin causa sea más disuasorio para las empresas y restaurativo para los trabajadores afectados.
Iniciativa tras derrota en reducción de jornada
Después de enfrentar una derrota en la Cámara Baja respecto a la reducción de jornada, la coalición liderada por Yolanda Díaz busca impulsar esta nueva propuesta económica. Sumar sugiere que se establezca una indemnización disuasoria en despidos injustificados, especialmente para proteger a las pequeñas y medianas empresas. Actualmente, estas empresas a menudo enfrentan desventajas en comparación con las más grandes en términos de consecuencias financieras tras un despido.
Reforma inspirada en modelos europeos
En su propuesta, Sumar plantea que los factores decisivos para determinar las indemnizaciones deberían incluir no solo la cifra de negocios y el tamaño de la empresa, sino también otras circunstancias específicas. Esta iniciativa se inspira en ejemplos de países como Francia y Alemania, donde las indemnizaciones se calculan teniendo en cuenta varios factores, como la antigüedad del trabajador, su salario y las circunstancias del despido.
En el contexto actual, España determina la indemnización por despido improcedente en 33 días por año trabajado. Esta cantidad ha sido cuestionada, ya que tanto CCOO como UGT presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales argumentando su insuficiencia. El Comité Europeo apoyó los argumentos sindicales, afirmando que los límites actuales no son adecuados para compensar el perjuicio sufrido ni para disuadir a los empleadores.
El Tribunal Supremo español aclaró que la indemnización no puede aumentarse judicialmente basándose en las circunstancias específicas de cada caso
Sumar sostiene que el problema no radica en la cantidad de la indemnización, sino en la forma en que se establece. Así, proponen una revisión legal del sistema de indemnización por despido improcedente, instando al gobierno a trabajar junto al diálogo social para lograr una solución equitativa.
