El Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para este lunes, 20 de octubre, a las 9.30 horas, para iniciar las negociaciones sobre la reforma del despido en España. La reunión será liderada por Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Trabajo, figura clave en las mesas de diálogo social del Ministerio y mano derecha de Yolanda Díaz. Esta reforma está incluida en el programa de gobierno de PSOE y Sumar y se alinea con la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre la normativa española.
El CEDS, con sede en Estrasburgo, condenó a España por «vulnerar» la Carta Social Europea, considerando insuficiente la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado. Dicha indemnización no se percibe como disuasoria para el empresario, según dos resoluciones emitidas en respuesta a denuncias de UGT y CCOO. Los sindicatos alegaban que el derecho español no permite reclamar indemnizaciones acordes al daño real sufrido y que tales pagos deberían ser «mínimos, accesibles y efectivos». En este contexto, el CEDS concluyó que España violaba el artículo 24.b de la Carta Social Europea refiriéndose tanto a la indemnización como a la readmisión de empleados involuntariamente despedidos.
A pesar de estas observaciones, el Tribunal Supremo español reafirmó en julio que no se puede incrementar judicialmente la indemnización sin contravenir tratados internacionales y la legislación nacional, que establece una «indemnización adecuada». El Tribunal considera que las decisiones del CEDS son recomendaciones interpretativas, no mandatos ejecutables. La legislación española, asegura el Supremo, ofrece «seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores». Los parámetros establecidos para las indemnizaciones han sido defendidos como adecuados y uniformes, resguardando a los empleados de manera equitativa.
El Alto Tribunal concluye en la sentencia que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales «no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares»
Esta situación ha desencadenado tensiones con la patronal CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, ha acusado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de un «monólogo social» y de adoptar decisiones con tintes políticos. Por su parte, Joaquín Pérez Rey ha enfatizado la importancia de contribuir activamente en las mesas de diálogo para lograr consensos efectivos.
