El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado que la entidad abandonará las negociaciones de la reforma del despido en España. Según Garamendi, durante la clausura de la asamblea general ordinaria de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la justicia les ha dado la razón respecto a los despidos y no ven necesario participar en una mesa con una premisa que consideran incorrecta.
Garamendi también ha señalado posibles acciones legales en torno al salario mínimo interprofesional (SMI). Ha indicado que el comité ejecutivo podría recurrir el SMI si se plantean temas con los que no están de acuerdo. «Hay cosas que tendremos que parar», subrayó, sugiriendo que las acciones legales son necesarias para proteger los intereses de sus miembros.
Durante esta reunión, Garamendi criticó la responsabilidad atribuida a los sindicatos de llevar las propuestas de reforma, comparándola con un hipotético escenario en el que la CEOE tuviera que hacerlo, lo que, según él, habría sido un «auténtico escándalo». La CEOE había asistido a la primera reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, dirigida por Yolanda Díaz, pero no se presentaron propuestas concretas.
La reforma del despido en España está en el contexto de recomendaciones realizadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que condenó al país por considerar insuficientes las indemnizaciones por despido improcedente. Las resoluciones del CEDS destacaron que los límites de indemnización actuales no disuaden al empleador ni reparan adecuadamente el daño sufrido por el trabajador.
Sumado a esto, el Tribunal Supremo dictaminó que no es posible incrementar judicialmente la indemnización por despido más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, ya que considera que las disposiciones del CEDS son «declaraciones programáticas» que requieren una intervención legislativa.
El Supremo defiende que la indemnización tasada ofrece seguridad jurídica y uniformidad para los trabajadores ante la pérdida de empleo
Por su parte, Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, enfatizó las dificultades que enfrentan las pequeñas empresas ante el incremento de costos y la regulación excesiva. Resaltó que han desaparecido cerca de 23.000 microempresas en los últimos cinco años y subrayó la importancia de fomentar el diálogo social para abordar los desafíos económicos actuales.
