El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocida como el Estatuto del Becario. Esta norma, tras haber sido firmada y presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social junto con los sindicatos hace más de dos años, ha generado discrepancias internas en el Gobierno, especialmente entre el PSOE y Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha reconocido que, aunque existe «un acuerdo de diálogo social», también hay «discrepancias» respecto a su aprobación.
El anteproyecto de ley que se sacó a audiencia pública en diciembre establece como objetivo principal determinar los periodos de formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, desarrollando así su régimen jurídico. Este documento incluye un régimen sancionador con multas que van desde 120.006 hasta 225.018 euros para infracciones muy graves en su grado máximo. Las infracciones de este tipo incluyen, entre otras, discriminaciones directas por razones de edad, discapacidad, u otras condiciones como orientación sexual o relaciones sindicales.
Las empresas también deberán compensar los gastos que los alumnos incurran durante las prácticas, como desplazamiento o manutención.
El estatuto también limita las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas y aborda la inclusión de las prácticas curriculares durante los títulos propios de las Universidades, con ciertas restricciones considerando el número de créditos ECTS.
Controversia en las universidades y la patronal
El proyecto ha enfrentado críticas de CRUE Universidades Españolas, que lo ve como «una amenaza» al actual modelo de prácticas. Los rectores consideran que las prácticas académicas deberían estar bajo el control exclusivo de las universidades y el Ministerio de Universidades, criticando la participación de sindicatos y patronales en su regulación. Por su parte, la CEOE también ha mostrado su oposición, destacando que la normativa propuesta añade burocracia y limita la eficacia de las prácticas.
La patronal enfatiza que las restricciones propuestas podrían perjudicar la empleabilidad del alumnado y obstaculizar el puente entre la formación teórica y el mundo del trabajo.
