El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a todas las administraciones a cooperar para garantizar el derecho a la vivienda, advirtiendo que "solo un acuerdo entre las distintas administraciones podría lograr un avance sustantivo". Esta declaración se produjo durante su intervención en el Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, donde presentó un informe que documenta 38.762 expedientes tramitados y la atención a 44.278 ciudadanos en el último año.
Desde junio de 2025, la institución ha iniciado actuaciones de oficio con todas las comunidades y ciudades autónomas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y los diez ayuntamientos de las ciudades más pobladas, solicitando información sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a una vivienda asequible. Gabilondo subrayó que esta iniciativa sigue en curso y remarcó la importancia de la cooperación conjunta.
Según Gabilondo, solo un acuerdo efectivo entre las administraciones puede asegurar un verdadero progreso en el derecho a una vivienda digna.
El informe presentado por Gabilondo señala que la escasez de vivienda pública y social y la ineficacia y lentitud en la gestión de ayudas son las principales causas del problema. Los ciudadanos denuncian la imposibilidad de acceder a viviendas a precios asequibles y las largas esperas en los procedimientos de adjudicación de vivienda pública.
El Defensor del Pueblo destacó que la problemática afecta especialmente a jóvenes, personas con bajos ingresos y familias vulnerables, quienes no pueden acceder a una vivienda o deben dedicar gran parte de sus ingresos al alquiler, situación que se agrava en grandes ciudades y zonas turísticas. Propuso aumentar el parque de vivienda pública para el alquiler, mejorar la gestión de ayudas, asegurar procesos de adjudicación transparentes y controlar el alquiler turístico. También insistió en proteger a los vulnerables en situaciones de desahucio, sin dejar de tratar el problema de las ocupaciones ilegales.
Gabilondo advirtió también sobre los incrementos desproporcionados de alquileres que obligan a algunos, incluso con empleo o pensiones, a abandonar sus hogares. Señaló igualmente la necesidad urgente de resolver la situación de los asentamientos de chabolas e infraviviendas, destacando la importancia de un realojo rápido y eficaz por parte de las administraciones.
