La Comisión de Defensa del Congreso se prepara para debatir y votar este miércoles una propuesta crucial: extender el embargo de armas y productos de defensa que afecta a Israel, incluyendo ahora material policial y de vigilancia utilizado en Palestina. Esta iniciativa ha sido impulsada por Sumar, ERC y Bildu, en el contexto de la ofensiva israelí en Gaza y Cisjordania. A principios de octubre de 2025, el Congreso había aprobado restringir la compraventa de material militar con Israel, presionando así a Tel Aviv durante su ofensiva en territorios palestinos, que fue calificada por el Gobierno como un "genocidio".
El presidente Pedro Sánchez afirmó que este veto consagra una prohibición que, de facto, estaba en vigor desde octubre de 2023, cuando Israel inició su ofensiva en respuesta a la masacre de Hamás. En 2024, España exportó material a Israel por 1,45 millones de euros, aunque destinado a terceros países como Filipinas y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2025, no se realizaron exportaciones, según la Secretaría de Estado de Comercio. Desde octubre de 2023, España ha denegado un total de 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso a Israel.
Desde la adopción del embargo, se han denegado 151 licencias de exportación e importación a Israel, destacando la firmeza de España en restringir el comercio de armas con el país.
ERC y Bildu, junto a Sumar, solicitan que esta prohibición incluya todo tipo de armamento, tecnología o componentes que puedan facilitar violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, incluyendo materiales destinados a la vigilancia en Palestina. Las propuestas de resolución, parte del 'Informe de exportación de material de defensa' de 2024, serán votadas este miércoles en la Comisión.
Asimismo, se pide garantizar que el comercio de armas no acabe facilitando violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, con un seguimiento exhaustivo de los destinatarios finales. Además, instan a detener las ventas de armas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) y a la Oficina de Protección Fronteriza hasta que cesen las violaciones de derechos humanos.
ERC y Bildu también reclaman reformar la Ley de Secretos Oficiales para eliminar el secreto sobre las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior, aportando transparencia al comercio de armas en España. Además, llaman a un papel más activo del Gobierno en la defensa de convenios como la Convención de Ottawa y apoyar iniciativas similares contra armas complejas como las bombas de racimo.
Por otro lado, Vox ha presentado propuestas opuestas, abogando por retirar restricciones a las exportaciones hacia Israel y revisando la posición europea sobre el control de exportaciones tecnológicas y militares. El PP, por su parte, se centra en impedir que Irán reciba productos duales y de defensa, tras exportaciones realizadas en 2024 por valor de más de 1,3 millones de euros, defendiendo que el material no fue utilizado en la represión de protestas en diciembre de 2025.
