El Tribunal Supremo celebrará este viernes una vista para evaluar múltiples solicitudes de suspensión cautelar del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes, impulsado por el Gobierno. Esta sesión, que inicialmente estaba programada para el 13 de mayo, fue pospuesta por necesidades del servicio, según una providencia obtenida por Europa Press.
Entre quienes piden la suspensión figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, presentará argumentos en contra de esta paralización, alegando que afectaría los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por tanto, el interés general, como consta en un escrito de alegaciones.
Hazte Oír sostiene que el decreto sobrepasa los límites legales y modifica estructuralmente la política migratoria del país, generando impactos directos y prolongados. Por su parte, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte sobre el riesgo de perjuicio irreparable que implicaría el trámite de un elevado volumen de solicitudes y la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo.
La Abogacía del Estado defiende que la paralización del decreto atentaría contra los derechos de los migrantes afectados y el interés general
En un tono crítico, el dirigente de Vox, Ignacio Garriga, calificó el decreto como la legalización e institucionalización de la invasión migratoria, afirmando que envía un mensaje equivocado al mundo. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, sustentan su oposición en que la medida afecta la prestación de servicios públicos sin garantizar la financiación necesaria, además de contravenir la normativa europea y comprometer la seguridad.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en abril la medida que beneficiará a 250.000 solicitantes de asilo y a otras 250.000 personas en situación irregular, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Asimismo, el Supremo ya requirió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo del decreto de regularización.
