El Partido Popular (PP) y Vox intentarán el próximo martes, 16 de junio, que el Parlamento rechace por primera vez la Cuenta General del Estado de 2024. El Tribunal de Cuentas ha advertido que el Gobierno utilizó alrededor de 2.400 millones de euros de fondos europeos no utilizados para cubrir pagos de pensiones. Ambas formaciones han reflejado su desacuerdo en propuestas de resolución sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2024, que será analizada en una sesión a puerta cerrada de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, donde PP y Vox tienen la mayoría.
Además de buscar el rechazo de la Cuenta General del Estado, estos partidos pretenden que el Tribunal de Cuentas elabore un nuevo informe criticando la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Vox reclama que la declaración se devuelva al Tribunal de Cuentas debido a factores como la falta de PGE, el uso de modificaciones presupuestarias por el Gobierno, los riesgos asociados a estas modificaciones, el deterioro de las cuentas públicas y el voto particular de un consejero del Tribunal. Por su parte, el PP también propone la devolución de la declaración y que en un plazo improrrogable e inexcusable de tres meses se presente un informe sobre las implicaciones de no contar con Presupuestos actualizados.
Rechazar la Cuenta General del Estado sería un evento sin precedentes en los últimos años
Hasta el momento, el informe del Tribunal de Cuentas, presentado por Enriqueta Chicano la pasada semana, fue aprobado por unanimidad hace un año antes de ser ratificado en el Parlamento sin inconvenientes. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por otro lado, ha presentado sus propias propuestas, pero sin demandar la devolución del documento o criticar la carencia de Presupuestos Generales. En cambio, sugiere que se adopten medidas para corregir las deficiencias señaladas por el órgano fiscalizador.
Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, aclaró que la crítica no se debe al uso indebido de los fondos europeos, sino a una modificación presupuestaria del servicio 50 en un ejercicio prorrogado. Ante esto, ya se estudia la posibilidad de realizar un análisis jurídico-técnico sobre las repercusiones de las prórrogas presupuestarias. Este asunto generó votaciones particulares entre los consejeros del Tribunal, algunas con votos explicativos concurrentes.
Chicano subrayó que el procedimiento no es inusual y que los votos en contra no cambian la decisión adoptada por el Pleno. También cuestionó la politización del tema y lamentó el daño reputacional causado por el encuadre político, que según ella, ha distorsionado la percepción pública y mediática.
