La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, se prepara para presentar el próximo martes, 9 de junio, ante el Congreso, el informe de la Cuenta General del Estado de 2024. Este documento revela que el Gobierno tuvo que utilizar casi 2.400 millones de euros de créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar el pago de pensiones debido a la falta de un presupuesto actualizado. La presentación del informe se desarrollará en la Comisión Mixta del Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde partidos como el PP y Vox ostentan la mayoría absoluta.
El informe fiscalizador destaca varias salvedades o incidencias que el Tribunal insta a corregir, resaltando especialmente el uso en noviembre de 2024 de 2.389,4 millones de créditos europeos para fines no previstos. Esta decisión causó controversia en el organismo, culminando en la emisión de una Declaración de la Cuenta General con un voto particular discrepante por primera vez en su historia. Otros seis consejeros emitieron votos particulares, aunque estos fueron concurrentes pero con matices.
El informe fiscalizador ha encendido las alarmas en la oposición, que considera una anomalía democrática la prórroga de los Presupuestos
El Partido Popular criticó abiertamente esta maniobra del Gobierno, calificándola de fundamento jurídico cuestionable y destacó la incertidumbre sobre la legalidad de utilizar fondos europeos para ajustes presupuestarios imprevistos. Por esta razón, promovió una ofensiva parlamentaria para que Chicano compareciera de urgencia, aunque su comparecencia se programó finalmente casi tres semanas después de lo solicitado. El PP advirtió que podría votar en contra de la Cuenta General cuando se debata en el Pleno del Congreso y del Senado, lo que podría resultar en un rechazo inédito de la Declaración.
A pesar de las presiones, durante una intervención en el Parlamento, Chicano afirmó categóricamente que no ha habido desvío de fondos europeos del Plan de Recuperación para pagos de servicios de la Seguridad Social, como las pensiones. Asimismo, subrayó que la Comisión Europea no ha cuestionado legalmente el uso de estas ayudas comunitarias.
Cuando se presente formalmente la Declaración, los grupos políticos tendrán la oportunidad de presentar propuestas de resolución que se debatirán y votarán en la Comisión Mixta, y posteriormente en los Plenos del Congreso y Senado. Hasta ahora, Cortes ha respaldado la Cuenta General del Estado cada año; sin embargo, existe ahora el riesgo de su rechazo, lo que obligaría al Tribunal de Cuentas a repetir el proceso de evaluación.
