El Partido Popular ha propuesto en el Congreso de los Diputados una modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para ampliar y detallar las situaciones en las que los agentes pueden hacer uso de armas de fuego. La iniciativa busca incluir casos en los que se enfrenten a personas armadas o a embarcaciones y otros medios de transporte cuyos ocupantes se nieguen a detenerse.
Actualmente, la normativa vigente, en su artículo 5.2.d de la Ley Orgánica 2/1986, permite el uso de armas solo cuando hay un riesgo significativo para la vida o la integridad física de los agentes o terceros, o cuando exista una amenaza grave para la seguridad ciudadana, siempre bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. La nueva proposición del PP cambiaría este artículo para permitir el uso de armas en los casos establecidos en la ley, añadiendo un artículo 5º bis para especificar estos supuestos.
La propuesta detalla que, en el ejercicio de sus funciones y siempre que los agentes estén uniformados o debidamente identificados, podrán usar armas de fuego en situaciones de riesgo grave para su vida, integridad física o la de terceros, o en casos de grave amenaza a la seguridad ciudadana. El texto subraya que el uso de armas debe ser precedido de una advertencia clara, salvo cuando esto no sea posible debido a la inminencia del peligro.
El PP busca otorgar un marco jurídico más seguro para el uso de armas de fuego, considerando los crecientes riesgos a los que se enfrentan los agentes
Se consideran situaciones de "necesidad absoluta" para el uso de pistolas el enfrentamiento a personas armadas que se resistan a ser detenidas. En tales casos, después de advertir e intimidar en al menos dos ocasiones a la persona, y no habiendo otra opción menos lesiva, los agentes podrían disparar.
Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de utilizar armas contra embarcaciones o vehículos cuyos ocupantes se nieguen a detenerse, previa advertencia, incluso mediante disparos al aire si no es posible comunicarse de otra forma. Esto se conoce como "disabling fire" o fuego inhabilitante, que busca inutilizar los sistemas de un vehículo.
En su exposición de motivos, el PP argumenta que es preciso ajustar la regulación del uso de armas por parte de Policía Nacional y Guardia Civil para mejorar su eficacia y salvaguardar los derechos fundamentales de los agentes, citando la evolución de la criminalidad y la necesidad de un marco más preciso. Así, se refieren a los cuatro guardias civiles fallecidos en la lucha contra el narcotráfico y el aumento de amenazas como narcosubmarinos, mencionadas en el Informe de Seguridad Nacional de 2025.
