El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decidido abrir juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas más. Entre los acusados se encuentran exdirectivos del banco y altos mandos policiales, quienes presuntamente habrían realizado contratos ilegales con el comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La resolución forma parte de la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem', que investiga las actividades privadas de Villarejo.
El BBVA enfrentará cargos por presuntos delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. En cuanto a Francisco González, se le acusa de cohecho activo y pasivo, así como de 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Villarejo, por su parte, está acusado de 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además de cohecho activo y pasivo, integración en organización criminal y falsedad de documento mercantil.
Para asegurar las responsabilidades civiles de los acusados, el juez Piña ha establecido una fianza de 1,17 millones de euros, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no se deposita en tres días
Los abogados de los acusados tienen diez días para presentar sus defensas y pruebas antes de la vista oral. La Fiscalía solicita penas de 173 años de cárcel para Francisco González y 174 años para Villarejo, además de una multa de 181 millones de euros para el BBVA.
El tribunal confirmó el pasado 20 de febrero el procesamiento del BBVA, González y varios exdirectivos de la entidad. Según la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, algunos contratos con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, fueron ordenados directamente por González, quien conocía sus métodos de investigación. En junio de 2024, el entonces juez instructor Manuel García Castellón propuso llevar al banco, González y Villarejo a juicio por estos delitos. El proceso comenzó con la contratación de Julio Corrochano, excomisario de Policía, quien facilitó la conexión entre el banco y varios comisarios, incluyendo Villarejo y Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa de la Policía Nacional.
Villarejo supuestamente utilizó de forma fraudulenta su posición en la Policía para establecer una estructura empresarial lucrativa. Julio Corrochano, conociendo estas actividades, informó a Francisco González sobre el recurso ilegal que ofrecía Villarejo, asegurando discreción. Sin un programa de control efectivo, González permitió a un reducido núcleo de directivos aprovechar estos servicios.
Finalmente, se firmaron contratos para desarrollar proyectos de inteligencia que incluían seguimientos y consultas de bases de datos de personas, entre ellos empresarios, abogados y periodistas. En respuesta a la decisión de apertura del juicio oral, fuentes del BBVA han afirmado a Europa Press que la entidad mantiene que los hechos investigados no derivan en responsabilidad penal para el banco.
