Sumar ha solicitado al Ministerio del Interior que aclare si existe alguna directriz para identificar a miembros de ONG y voluntarios que ayudan a migrantes en Ceuta y si ha habido alguna filtración de datos personales de estas personas. La formación también ha pedido investigar hechos violentos ocurridos los días 26 y 27 de agosto, como la quema de refugios y bloqueo de distribución de alimentos para migrantes, así como el posible hostigamiento hacia los activistas que respaldan a estas personas vulnerables.
La portavoz del grupo plurinacional de Sumar, Verónica Martínez Barbero, junto a los diputados Lander Martínez y Esther Gil de Reboleño, han dirigido una serie de preguntas al Ejecutivo. En ellas, los parlamentarios subrayan la crisis humanitaria en la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio, agravada por la tardanza, insuficiencia y descoordinación de las administraciones públicas, ante la cual vecinos, organizaciones sociales y personas voluntarias han tomado la iniciativa para ofrecer acogida y atención básicas.
Sumar ha expresado preocupación por el incremento de discursos y actuaciones racistas y xenófobas, así como la creciente criminalización de las personas migrantes y de quienes les prestan apoyo
La formación destaca que los activistas documentando la situación de los migrantes podrían ser víctimas de señalamiento, acoso, amenazas o agresiones. Sumar subraya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben realizar identificaciones basadas en criterios objetivos y legales, por lo que es necesario esclarecer si estas acciones están dirigidas hacia este colectivo, con qué objetivo y por orden de quién.
La preocupación aumenta ante la posibilidad de que los datos de los voluntarios sean compartidos en grupos organizados de carácter xenófobo o de extrema derecha, lo que representaría un riesgo para la seguridad de los afectados. Sumar exige identificar si existen personas o grupos organizados que persigan a los voluntarios y difundan sus datos personales. Además, destaca la importancia de distinguir entre el legítimo malestar de la ciudadanía y las actuaciones de persecución.
Por último, ha solicitado al Ministerio que precise si hay órdenes de identificación de los voluntarios y activistas, quién las emitió y bajo qué protocolo. También pide aclarar si se tiene constancia de la filtración de datos personales y si se investigará esta situación.
