La mitad de los estados de Estados Unidos ha presentado este lunes una demanda contra el presidente Donald Trump y su Administración. La causa es la imposición de nuevos aranceles del 10% al 12,5% sobre importaciones de la mayoría de sus socios comerciales, los cuales consideran igual de ilegales que los previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.
La demanda, iniciada por Oregón, Arizona y California, cuenta con el respaldo de otros 22 estados, todos ellos gobernados por demócratas. Según el documento, los aranceles establecidos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) son tan amplios que socavan sus objetivos declarados y desvirtúan la ley que pretende justificarlos.
Los estados demandantes acusan a la Administración de usar la lucha contra el trabajo forzoso como pretexto para implementar un plan arancelario ilegal
Estas nuevas tarifas, implementadas a finales de julio, se amparan en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite tales medidas en respuesta a prácticas comerciales injustas. Sin embargo, los estados alegan que el USTR, Jamieson Greer, no está respetando los procedimientos legales, y por ello exigen la anulación de los aranceles y el reembolso de los depósitos abonados.
La querella llega tras un fallo del Tribunal Supremo que, en febrero, declaró ilegales los aranceles globales establecidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Desde entonces, las aduanas han gestionado las devoluciones de unos 166.000 millones de dólares (144.230 millones de euros) en gravámenes pagados por diversas empresas.
Posteriormente, Trump aplicó aranceles del 10% bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio. Aunque un tribunal los declaró ilegales, se les permitió seguir vigentes durante el proceso de apelación hasta su expiración el mes pasado. Ahora, los nuevos aranceles son nuevamente objeto de acciones legales.
Dos pequeñas empresas, Burlap and Barrel Inc y Collective Horology LLC, han presentado una demanda inicial argumentando que los nuevos gravámenes no se sustentan en una investigación específica por país, como esperaba el Congreso al aprobar la Sección 301. Alegan que las medidas no especifican cómo las prácticas económicas extranjeras perjudican el comercio estadounidense, esgrimiendo declaraciones generales sobre el impacto del trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales.
