La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha solicitado que la nueva Ley de Crédito al Consumo refuerce la protección contra el sobreendeudamiento. La organización exige la prohibición explícita para prestamistas e intermediarios de conceder o recomendar créditos que el consumidor no pueda repagar adecuadamente.
Asufin subraya que la aprobación final de esta normativa será esencial para regular el mercado del crédito y proteger a los consumidores de «prácticas abusivas y precios de usura». Sin embargo, ha llamado al Gobierno a realizar cambios en parte del texto propuesto. Una de las medidas más destacadas incluye la anulación de préstamos otorgados sin tener en cuenta la capacidad económica del solicitante, con el fin de desalentar la financiación irresponsable.
La asociación ha celebrado la inclusión de un límite a los intereses dentro de la norma, aunque considera «insuficiente» el margen de 22 puntos porcentuales establecido en el anteproyecto. Asufin reclama que los límites se adapten a las características y coste habitual de cada tipo de crédito. A modo de ejemplo, advierte que, actualmente, un crédito al consumo con una TAE del 15% podría ajustarse al límite legal sin considerar que doblaría la media del mercado.
Asufin pide ajustar los límites de interés a las características específicas de cada tipo de crédito para evitar prácticas desleales
La exclusión de las tarjetas de débito diferido de la protección de esta futura ley es otro punto de preocupación para la organización. Aunque generalmente estas tarjetas no generan intereses porque las compras se cargan mensualmente, Asufin destaca la necesidad de incluirlas dentro del ámbito normativo debido a la diversidad de formas de pago o financiación que ofrecen, similares a las líneas de crédito.
En cuanto a los créditos de alto coste, la asociación urge a que se endurezcan las condiciones para prevenir que los consumidores caigan en una «espiral de deuda». Critican la práctica común de conceder nuevos préstamos para cubrir impagos de créditos anteriores, habitual en los minicréditos y préstamos rápidos online.
Además, Asufin demanda mayor transparencia en la evaluación de solvencia y el derecho a revisión humana en decisiones automatizadas o asistidas por inteligencia artificial, así como garantías frente a sesgos o discriminaciones. También propone que la futura ley garantice un costo del crédito transparente y una protección real contra abusos, sugiriendo la inclusión de todos los gastos en el coste total del préstamo, limitar a 30 euros los cargos por impagos y asegurar que el asesoramiento sobre deudas sea independiente.
La Ley de Contratos de Crédito al Consumo, que busca transponer la directiva europea sobre crédito al consumo antes de su implementación en noviembre de 2026, se encuentra todavía en fase de anteproyecto tras recibir el visto bueno inicial del Consejo de Ministros el 7 de enero. Actualmente está sometida a audiencia pública.
