El Gobierno español ha expresado su condena este miércoles ante las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y un abogado de la Fiscalía. Estas medidas han sido calificadas por el Ejecutivo como “un ataque flagrante” a la independencia de la corte internacional.
El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió un comunicado en el que subrayó que las sanciones representan “un ataque flagrante contra la independencia, integridad e imparcialidad” del TPI. Además, destacó que el mandato de este tribunal es otorgado por los estados miembro que han ratificado el Estatuto de Roma.
El TPI desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas
El comunicado enfatizó que el TPI es “la piedra angular del sistema de justicia penal internacional”. En este contexto, el Gobierno español reiteró su apoyo firme al tribunal, con sede en La Haya, y expresó “su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la corte afectados por las sanciones”.
El Ejecutivo aseguró que España seguirá cumpliendo “íntegramente sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional”, respetando la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.
Las sanciones, anunciadas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se han dirigido contra la presidenta del TPI y el abogado senegalés Abdoulaye Seye. Estas están motivadas por su participación en la investigación sobre los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las sanciones alegando que ambos han “participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios” de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, algo que consideró un “peligroso precedente” para las naciones.
