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El Gobierno aprueba el Estatuto Marco en segunda vuelta y lo envía al Congreso pese a la huelga

El Gobierno aprueba el Estatuto Marco del personal sanitario, enfrentando rechazo de sindicatos que amenazan con movilizaciones

El Gobierno aprueba el Estatuto Marco en segunda vuelta y lo envía al Congreso pese a la huelga
Por Redacción Capital

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en segunda vuelta al Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Este proyecto, que pretende actualizar el marco normativo vigente desde 2003, seguirá su curso en el Congreso de los Diputados a pesar del descontento de varios sindicatos médicos, quienes han anunciado nuevas movilizaciones para después del verano.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó en rueda de prensa que este estatuto representa una mejora sustancial en las condiciones básicas de todos los profesionales sanitarios, facilitando así la adaptación normativa al presente y futuro del modelo asistencial. Saiz subrayó la importancia de este paso al mencionar que "los grupos políticos tendrán oportunidad de posicionarse" en la Cámara Baja.

El nuevo Estatuto busca actualizar un marco normativo que los profesionales del Sistema Nacional de Salud consideran obsoleto y generador de malestar

El proyecto actual es fruto de un anteproyecto aprobado el pasado junio, acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos destacados, como SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF. Sin embargo, ha sido rechazado por sindicatos médicos y facultativos, quienes demandan una normativa específica que contemple sus particularidades. Estos sindicatos han llevado a cabo huelgas periódicas desde febrero hasta junio y amenazan con una huelga indefinida a partir de septiembre si no se satisfacen sus demandas.

En respuesta a las movilizaciones, diversas comunidades autónomas también han mostrado su oposición al anteproyecto, solicitando su retirada y abogando por un "acuerdo estatal" para su revisión. No obstante, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado esta posibilidad, argumentando que ahora es tarea de las autonomías implementar las mejoras y, de ser necesario, negociar con los sindicatos regionales.

Con la reciente aprobación en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley se dirige ahora a las Cortes Generales, donde el Gobierno deberá recolectar apoyos para asegurar su adopción final y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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