La Comunidad de Madrid ha expresado su rechazo al proyecto de Real Decreto propuesto por el Gobierno central para regular los centros de datos, argumentando que este podría "frenar la inversión" y "restar competitividad a España", desalentando el desarrollo de actividades digitales. En respuesta, el Ejecutivo regional envió el jueves una serie de alegaciones al plan impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, subrayando que la saturación de la red eléctrica no se debe abordar limitando la demanda e inversiones, sino mediante el refuerzo de las infraestructuras eléctricas.
Según la Comunidad de Madrid, el proyecto introduce múltiples requisitos y obligaciones en materias como energía, agua, contratos y soberanía digital, vinculándolos al acceso y conexión a la red eléctrica. El incumplimiento de estos podría generar recargos económicos o incluso la pérdida de permisos de acceso, generando una "inseguridad jurídica" en el sector, que afectaría tanto a los proyectos en tramitación como a aquellos con permisos ya concedidos, afirmaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.
En la región existen actualmente 56 proyectos de centros de datos, 15 de ellos en construcción y 41 ya diseñados, con una inversión estimada de 15.000 millones de euros. Estos proyectos podrían generar entre 17.000 y 24.000 empleos directos e indirectos. La inversión podría alcanzar un impacto de hasta 26.250 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) madrileño, sin contabilizar el efecto indirecto en la industria del conocimiento dependiente de estas infraestructuras.
La Comunidad de Madrid defiende que los centros de datos son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y servicios digitales
El Ejecutivo autonómico sostiene que la regulación debe equilibrar eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad jurídica, al mismo tiempo que es capaz de atraer inversiones. En su opinión, el régimen propuesto por el Gobierno central podría obstaculizar la implantación de estas infraestructuras. La Comunidad de Madrid destaca la necesidad de aprovechar la energía disponible y el aumento de fuentes renovables para posicionar a España como un polo europeo de digitalización.
La Comunidad también critica que el Gobierno de Sánchez haya optado por un real decreto para estas exigencias, argumentando que, debido a su carácter "cuasi prohibitivo", sancionador y retroactivo, deberían ser aprobadas como una norma con rango de ley tras un proceso parlamentario. Por ello, reclaman retirar y reformular el proyecto para establecer un marco regulatorio que impulse la inversión y el desarrollo de las redes eléctricas.
El Gobierno central sigue dialogando con el sector tecnológico para definir las condiciones del futuro real decreto sobre centros de datos, sin considerar que los nuevos requisitos ambientales, energéticos y de soberanía digital puedan perjudicar la llegada de inversiones a España, según fuentes del Ejecutivo.
