La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) ha expresado su desacuerdo con el proyecto de real decreto propuesto por el Gobierno para regular el desarrollo de centros de datos. Según aelec, esta normativa, lejos de incentivar nuevos consumos energéticos, podría obstaculizarlos, poniendo en riesgo potenciales inversiones en España.
La presidenta de la asociación, Marina Serrano, señaló que establecer requisitos para los 'data centers' que otros países no imponen podría desplazar estas inversiones fuera de España, lo que afectaría negativamente la competitividad del país. Serrano subrayó la necesidad de integrar nuevos consumos para fomentar tanto el crecimiento económico como la transición ecológica. España necesita más demanda eléctrica, no más barreras. Para electrificar nuestra economía, usar más renovables y aumentar nuestra autonomía energética, debemos facilitar, no dificultar, la incorporación de nuevos consumos. afirmó.
Penalizar la demanda eléctrica podría tener efectos adversos, reduciendo el uso de redes, incrementando vertidos renovables y aumentando los costes para consumidores e industrias
Serrano también criticó que la normativa introduce incertidumbre al modificar condiciones para proyectos ya aprobados, lo que podría desalentar la inversión en redes y energías renovables. Aunque valoró el impulso del real decreto hacia las energías 'verdes', cuestionó la metodología para exigir a los usuarios generación propia. Para ella, la carga de avanzar hacia un sistema más limpio debería recaer en el sistema eléctrico, sugiriendo que los consumidores deberían tener incentivos para ser flexibles.
El Gobierno ha lanzado a audiencia pública, y por la vía de urgencia, el proyecto de real decreto. Este plantea que los centros de datos deben respaldar un 80% de su consumo energético con nueva generación renovable cada hora. Desarrollado por varios ministerios, la normativa busca regular la implantación de centros de datos en respuesta al creciente número de proyectos, asegurando los mejores estándares y atrayendo inversiones.
La propuesta incluye medidas sobre resiliencia y soberanía digital, como garantizar que la operación y el control de datos estén bajo entidades del derecho de la UE, y establece normativas de sostenibilidad que exigen el uso de energía renovable y la eficiencia hídrica y energética.
