La Unión Nacional de Agencias de Viaje-Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (UNAV-Fetave) ha interpuesto un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc). Este recurso cuestiona ciertos aspectos de los pliegos del nuevo contrato centralizado de servicios de agencias de viajes de la Administración General del Estado, con un valor de 604,8 millones de euros. La patronal defiende que su papel es crucial como representante del sector, subrayando la importancia de abordar ciertas prácticas que, de consolidarse, podrían afectar a futuros concursos públicos.
El recurso se centra principalmente en la habilitación empresarial exigida para ofrecer servicios de agencias de viajes, insistiendo en que es fundamental que se especifique claramente la normativa y requisitos sectoriales correspondientes. La regulación vigente estipula que las agencias deben cumplir con normativas turísticas y de consumo, variando estas según las comunidades autónomas. En este contexto, una de las funciones reservadas exclusivamente a las agencias es la organización y mediación de viajes combinados, tal como establece la normativa turística.
La patronal exige que los pliegos del contrato establezcan claramente las credenciales empresariales y los requisitos sectoriales para garantizar que todos los participantes cumplen con las reglas establecidas
César Gutiérrez, presidente de UNAV-Fetave, subraya que, como organización representativa, deben asegurarse de que estas licitaciones identifiquen con precisión las habilitaciones necesarias sin limitar la competencia, pero garantizando la equidad en el cumplimiento de las normas sectoriales.
Además, el recurso cuestiona la obligación de que al menos el 40% del personal adscrito al contrato sea femenino. Aunque UNAV-Fetave no se opone a las políticas de igualdad, critica la imposición de tales medidas sin una justificación adecuada, abogando por el respeto a la libertad organizativa empresarial y principios de proporcionalidad.
La configuración económica del concurso también ha sido criticada. La organización considera que los precios unitarios deberían justificarse en función de los costes reales inherentes a la prestación del servicio, que incluye infraestructura de personal, tecnologías, seguros y atención continuada, entre otros. Destacan que varios criterios favorecen la reducción de costos, lo cual podría impactar negativamente en las operaciones de las agencias.
Gutiérrez concluye remarcando que el objetivo del recurso es contribuir a que las licitaciones de esta magnitud sean equitativas, sostenibles y permitan a las agencias competir en igualdad de condiciones, siempre respetando la normativa profesional y económica vigente. Las Administraciones, señala, son un cliente fundamental para el sector, y es crucial que las condiciones permitan una participación justa y equilibrada.
