El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador han alcanzado un acuerdo técnico para la segunda y tercera revisión del Servicio Ampliado del FMI (SAF) para el país centroamericano. Este pacto permitirá que El Salvador reciba aproximadamente 140 millones de dólares (120,5 millones de euros). No obstante, la ejecución del acuerdo aún depende de la aprobación formal del directorio ejecutivo del FMI y del cumplimiento de ciertos compromisos establecidos por las partes implicadas.
El total del SAF salvadoreño asciende a cerca de 1.400 millones de dólares (1.205 millones de euros). Según el FMI, el programa busca intensificar la consolidación fiscal de El Salvador mediante la limitación del gasto y la mejora de la administración de ingresos, lo que abriría espacio para proyectos sociales e infraestructuras esenciales.
La institución financiera internacional destaca el buen rendimiento de la economía salvadoreña, señalando que el crecimiento del PIB real superó las expectativas en 2025. Se espera que este alcance un 4,5% en 2026, impulsado por la sólida inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y las entradas de capital. Este progreso ha sido apoyado por mejoras en la seguridad y una creciente confianza de los inversores, derivadas de políticas macroeconómicas prudentes.
El FMI resalta que el programa está reduciendo significativamente la pobreza en El Salvador mediante mejoras en la eficiencia de los servicios públicos
Además, se anticipa una mayor consolidación fiscal que pronostica un aumento en el superávit primario del sector público no financiero, del 2,9% del PIB actual al 3,7% en 2027. En el ámbito legislativo, la Ley de Responsabilidad Fiscal busca disminuir la deuda pública al 80% del PIB para 2030.
El gobierno de El Salvador también planea implementar reformas en la Función Pública y anticipa la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en 2027, conforme a las directrices del FMI. Se ha acordado mejorar medidas de transparencia y gobernanza, tras la reducción de la participación pública en el monedero electrónico 'Chivo', que ahora está principalmente bajo control privado, aunque el Estado conserva una participación minoritaria.
Por último, El Salvador ha presentado documentación que confirma que la acumulación de bitcoins proviene de donaciones privadas, no de fondos públicos, y no se prevé la adquisición de más criptomonedas fuera de las operaciones debidamente documentadas.
