Hace apenas una década, el ciberseguro era un producto prácticamente desconocido para la mayoría de las empresas españolas. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una de las pólizas con mayor crecimiento dentro del mercado asegurador. El aumento de los ciberataques y la digitalización de los negocios están impulsando la contratación de este tipo de seguros, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.
El cambio responde a una realidad cada vez más evidente. Los ataques informáticos ya no afectan únicamente a grandes multinacionales o administraciones públicas. Las pymes también se han convertido en un objetivo habitual para los ciberdelincuentes debido a que, en muchos casos, cuentan con menos recursos para proteger sus sistemas.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) gestionó en 2025 casi 100.000 incidentes de ciberseguridad, de los que cerca de un tercio afectaron a empresas, incluidas pymes y trabajadores autónomos. La cifra refleja una tendencia de crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsada por el aumento del ransomware, el phishing, el robo de credenciales y otros ataques dirigidos tanto a grandes organizaciones como a negocios de menor tamaño.
El impacto económico puede ser considerable. El último informe Cost of a Data Breach, elaborado por IBM, estima que el coste medio mundial de la brecha de se sitúa en torno a los 5.000 millones, la cifra más alta registrada por este estudio desde que comenzó a publicarse. Aunque el coste varía enormemente según el tamaño de la empresa y el tipo de incidente, el informe pone de manifiesto que un ciberataque puede generar pérdidas muy superiores al daño puramente informático.
Es precisamente ahí donde entra en juego el ciberseguro. Estas pólizas suelen cubrir gastos derivados de la respuesta al incidente, recuperación de datos, restauración de sistemas, contratación de expertos forenses, asistencia jurídica, gestión de la comunicación de la crisis e incluso determinadas pérdidas económicas derivadas de la interrupción del negocio. Algunas también incluyen servicios preventivos como auditorías de seguridad o formación para empleados.
No obstante, las coberturas varían de forma significativa entre aseguradoras. Determinados riesgos, como algunos pagos relacionados con ataques de ransomware o sanciones administrativas, pueden estar limitados o directamente excluidos según las condiciones de cada contrato. Por ello, tanto la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) como distintas corredurías especializadas recomiendan analizar cuidadosamente las coberturas antes de contratar una póliza.
El auge de este mercado también está modificando el comportamiento de las propias empresas. Las aseguradoras exigen cada vez con mayor frecuencia que sus clientes acrediten determinadas medidas de protección antes de conceder cobertura o fijar el precio del seguro. La implantación de autenticación multifactor, copias de seguridad periódicas, sistemas de detección de amenazas o programas de formación frente al phishing empieza a ser un requisito habitual para acceder a las mejores condiciones.
Esta mayor exigencia responde al incremento de la siniestralidad registrado en todo el mundo. Según la reaseguradora Munich Re, el mercado global del ciberseguro continúa creciendo con fuerza, pero las empresas aseguradoras también han endurecido sus criterios de suscripción para controlar el aumento de las reclamaciones derivadas de los ataques informáticos.
España no es una excepción. La aceleración de la digitalización, el mayor uso de servicios en la nube y la extensión del teletrabajo han ampliado la superficie de exposición de muchas organizaciones. Paralelamente, la entrada en vigor de nuevas obligaciones regulatorias en materia de ciberseguridad, como la Directiva NIS2 de la Unión Europea, está impulsando a numerosas empresas a reforzar sus medidas de protección y a revisar su gestión del riesgo.
