El Tribunal Federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos ha decidido ejecutar un laudo arbitral a favor de Eurus Energy Holdings, una filial de Toyota. Esta resolución, emitida el 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, ordena hacer efectivo un laudo que asciende a un principal de 106,2 millones de euros. A esta cifra se suman intereses, costas arbitrales y otros conceptos, llevando el total a más de 110,1 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.
El conflicto se originó a raíz de las inversiones de Eurus en el sector eólico de España, incentivadas por un régimen fiscal creado para atraer capital a las energías renovables. Entre 2010 y 2014, España realizó reformas regulatorias y fiscales que modificaron y suprimieron estas condiciones económicas de manera retroactiva. Ante esto, Eurus solicitó la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), argumentando que los cambios vulneraban el Tratado sobre la Carta de la Energía.
El tribunal arbitral falló a favor de Eurus, determinando que España había violado el artículo 10.1 del tratado y otorgó a la compañía una indemnización de 106,2 millones de euros, junto con intereses y costes del procedimiento. España intentó anular sin éxito el laudo, pero en junio de 2024 se levantó la suspensión que impedía su ejecución y finalmente, en julio de 2025, su solicitud fue rechazada.
España ha enfrentado múltiples demandas por parte de inversores de energía renovable, con un acumulado de 836,6 millones de euros tras la última decisión favorable a Eurus
La compañía japonesa llevó el caso a la justicia estadounidense para convertir el laudo en una sentencia ejecutable en territorio norteamericano. Hasta ahora, en Estados Unidos se han dado ocho fallos a favor de los acreedores: Watkins (93 millones de euros), Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones), NextEra (290,6 millones), 9REN (unos 44 millones), Cube Infrastructure (40,2 millones) y BayWa (24,6 millones). Estos fallos suponen que España debe abonar un total de 726,5 millones de euros, cifra que con la reciente decisión de Eurus se eleva a 836,6 millones.
A pesar de las múltiples condenas, España únicamente ha pagado una indemnización, que consiste en 23,5 millones de euros (aproximadamente 32 millones con intereses) a la empresa japonesa JGC, tras otro fallo del Ciadi relacionado con el recorte de primas a energías renovables.
