El recargo se aplicaría sobre las bases liquidables de entre 2 y 10,7 millones de euros y estaría "blindado" ante posibles deducciones o bonificaciones autonómicas, según Gestha
El Gobierno deshoja día tras día la margarita de la subida de impuestos, y la subida de Patrimonio es una de las que mejor se adaptan a su lema de "que paguen los ricos". El Ejecutivo tiene especialmente en cuenta algunas propuestas como las que emite el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Según ha podido saber Capital, el organismo ha planteado, entre las posibles enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 (PGE) en el Senado, la creación de un tipo estatal adicional del 1% en el tributo. "Con las limitaciones de la última estadística (2018), se puede estimar un impacto recaudatorio de unos 1.100 millones de euros", apuntan.
Este recargo estatal se aplicaría sobre aquellas bases liquidables superiores a los dos millones de euros e inferiores a los 10,7 millones -a partir de 10.695.996 euros ya está vigente en nueve comunidades-, y, "en ningún caso, podrán aplicarse deducciones o bonificaciones autonómicas al importe del recargo estatal minorado", apunta Gestha en su propuesta. El objetivo, señalan, sería el de "equiparar la tributación efectiva de aquellos contribuyentes que residan en comunidades autónomas con bonificaciones autonómicas del Impuesto sobre el Patrimonio con los contribuyentes que residan en aquellas sin bonificaciones".
En esencia, por tanto, la propuesta de Gestha proporcionaría al Ejecutivo un "arma" fiscal contra comunidades como la de Madrid, que bonifica el impuesto al 100%, y a la que acusan de "estar abusando de la cesión de un impuesto estatal para no exigirlo de hecho en su territorio". El modelo de recargo estatal que presentan los técnicos de Hacienda lo que busca es que las deducciones autonómicas no tengan efecto sobre el Patrimonio, de forma que la cuota a ingresar del tributo se ampliaría en aquellas que lo tienen bonificado y se reduciría en aquellas que no.
Impuesto del 10% sobre "beneficios caídos del cielo" para captar 100 millones
Otra de las propuestas de Gestha afectaría a aquellas instalaciones "de producción de tecnologías no emisoras de gases de efecto invernadero puestas en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero". Para éstas, el sindicato propone un tipo del 35% -frente al 25% actual- que generaría unos 100 millones de euros adicionales de recaudación.
Gestha justifica este recargo en su propuesta señalando que los ingresos de estas instalaciones son superiores "como consecuencia de la incorporación a los precios de la electricidad en el mercado mayorista del valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero por parte de las tecnologías emisoras marginales". Es decir, que estarían trasladando al consumidor final los costes de las "externalidades negativas" del CO2, unos "beneficios caídos del cielo" que "perciben de manera recurrente".
La iniciativa de Gestha establece que "el 10% de lo recaudado se destinará a cofinanciar, en la parte correspondiente a las Administraciones Públicas, el coste del suministro de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social, que son aquellos consumidores vulnerables severos que están siendo atendidos".
"Transparencia" de las multinacionales en Sociedades
Gestha también plantea en sus propuestas la "trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al Impuesto sobre Sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales". En esencia, esta iniciativa obligará a las empresas a tributar mejor en los países donde obtienen sus beneficios para no perder su reputación, y hará inevitable establecer el tipo mínimo del 15% a las multinacionales cuyos detalles finales se concretarán en la cumbre de máximo nivel del G20 en octubre".
El sindicato apunta que "en la actualidad, el tipo efectivo mundial de los Impuestos sobre Sociedades devengado en 2017 por las 112 multinacionales españolas fue el 16,7%. No obstante, un 40,2% de las multinacionales españolas (45) acumularon el 39,4% del beneficio neto pero solo aportaron el 5,5% del impuesto mundial devengado (su tipo efectivo medio es el 3,1%)".
