La SEPI participa en nombre del Estado en 14 empresas como principal propietaria y en otras 10 como accionista minoritaria
2.000 millones de euros es el coste estimado que tendrá la compra de hasta un 10% de las acciones de Telefónica. El Consejo de Ministros aprobó este martes la operación y la justifica como "un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales".
Además, toma ejemplos de países del entorno, como Alemania, Francia o Italia, que ostentan importantes participaciones de las compañías de telecomunicaciones más importantes de cada país. La información publicada en prensa ya apuntaba en esa dirección, en parte, como respuesta a la entrada de capital extranjero procedente de Arabia Saudí. De hecho, la propia SEPI informó a la CNMV de que "exploraba" la posibilidad de hacer una incursión en la propiedad de la compañía de telecomunicaciones.
El Gobierno, preocupado por la irrupción saudí, sondeó a otros importantes empresarios de cara a ejecutar una eventual compra que sirviera para elevar la españolidad del accionariado de Telefónica. El fracaso en ese intento ha conducido a utilizar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para llevar a cabo la operación. En el parqué, los inversores han respondido con optimismo, de tal modo que a primera hora la acción de Telefónica se revalorizaba con fuerza, si bien es cierto que a media sesión ese ascenso se ha moderado al 4%.
Cabe recordar que SEPI es una reminiscencia de la administración franquista. En la época del régimen, se hizo necesaria la creación de diversas empresas que proporcionaran servicios a la población a través del Instituto Nacional de Industria, cuyas funciones las asumió en 1995 la SEPI. Estas empresas tenían carácter público pero, dada la liberalización de la economía española, el status de esas compañías cambió con el tiempo, como también lo hicieron las funciones de SEPI.
A día de hoy, SEPI combina esa función de gestionar empresas desde el punto de vista del interés público con la misión de rentabilizar las participaciones empresariales del estado. En ese sentido, se pueden nombrar hasta 14 empresas de las que el Estado es propietario al 100%, más otras 10 en las que participa.
- En el primer grupo se encuentran:
- Correos,
- la naviera Navantia,
- Tragsa, dedicada al sector agrario y medio ambiente,
- La compañía de distribución alimentaria Mercasa, que integra Mercamadrid y Mercabarna, entre otros,
- la minera Hunosa,
- las energéticas Enusa y Ensa,
- la agencia de comunicación EFE
- El grupo de Promoción empresarial SEPIDES
- MAYASA, que gestiona proyectos industriales y turísticos en minas como Almadén.
- CETARSA, dedicada al tabaco.
- El Hipódromo de la Zarzuela
- Saeca, que presta avales y fianzas al sector primario para acceder a financiación.
- Cofivacasa, que liquida algunas propiedades del estado.
- RTVE.
En cuanto a las empresas participadas:
- Ebro Foods, 10,36%
- Enagás, 5%
- Hispasat, 7,4%
- Alestis Aerospace, 24,05%
- Airbus, 4,12%
- Enresa, 20%
- IAG, 2,52%
- Indra, 27,99%
- Redeia, 20%
- Epicom, 40%
Por otro lado, merece la pena mencionar otras participaciones que, no obstante, no forman parte de SEPI. Es el caso de CaixaBank, de la que el Estado acumula el 16,117% de las acciones. Esta propiedad se explica por la reciente integración de Bankia en CaixaBank. Hay que recordar que Bankia, una de las entidades con mayor implicación en el rescate financiero, llegó a contar con el Estado como principal accionista, con el 68% del capital en su posesión.
La salida del Estado de dicho banco ya ha vencido pero, dado el reducido valor de las acciones, se ha ido prorrogando anualmente, con la intención de que la venta de la participación produzca un mayor rendimiento a las arcas públicas.
