El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha revocado la adjudicación de un contrato de 18 millones de euros por parte de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Este contrato fue inicialmente otorgado basándose en el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del 9 de diciembre, según información disponible en el portal de contratación del Estado.
La resolución del TARC, publicada por el medio digital 'Newtral', ha aceptado parcialmente el recurso presentado por la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Defensa y Logística Aplicada y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para Defensa (MISD). Esta UTE había impugnado la adjudicación del acuerdo marco para la compra de repuestos de los vehículos de la familia BMR/VEC del Ejército de Tierra, que en un principio había sido otorgado a Maxim Invest Solutions.
En consecuencia, el TARC ha decidido "anular el acto recurrido y ordenar la retroacción del procedimiento a efectos de que se acuerde la exclusión de la adjudicataria (Maxim Invest Solutions) por no reunir los requisitos de aptitud para contratar exigidos por los pliegos (del acuerdo marco)".
Además, se ha levantado la suspensión del procedimiento de licitación que se dictaminó a mediados del pasado febrero.
El objeto del contrato, dividido en dos lotes y adjudicado el pasado 25 de enero a la empresa Maxim Invest Solutions, es la adquisición de repuestos para distintos tipos de vehículos blindados del Ejército de Tierra y al mismo se presentaron cinco ofertas.
Así, además de la de Maxim Invest Solutions, también se aceptaron las ofertas planteadas por Madzeal, Integración Tecnológica Empresarial, Casli y la unión temporal de empresas (UTE) entre Defensa y Logística Aplicada y MISD.
En un primer momento todas las ofertas presentadas obtuvieron la máxima puntuación, según recoge la documentación que figura en el portal de contratación del Estado, por lo que, como criterio de desempate, se decidió dar preferencia a la empresa que tuviese en su plantilla el mayor porcentaje de personal fijo con discapacidad.
De este modo, Maxim Invest Solutions y la UTE entre Defensa y Logística Aplicada y MISD "acreditaron" tener un 100% de trabajadores fijos con discapacidad, mientras que Madzeal aseguró tener un 8,3%, Integración Tecnológica Empresarial, un 5,38%; y Casli, un 2,04%.
Al volver a producirse un empate entre Maxim Invest Solutions y la mencionada UTE, la mesa de contratación acordó que "la propuesta de adjudicación recaerá en función de la terminación par o impar del número que se corresponda con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023".
"A la empresa UTE DLA-MISD se le asigna la terminación impar (1, 3, 5, 7, 9), de manera que si el último número del primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023 fuese impar se le propondría como adjudicataria. A la empresa Maxim (Invest Solutions), se le asigna la terminación par (0, 2, 4, 6, 8), de manera que si el último número del primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 09/12/2023 fuese par, se le propondría como adjudicataria", recoge el documento de la resolución de adjudicación.
El primer premio de la Lotería Nacional del sábado 9 de diciembre de 2023 terminó en 0 (61.160) y Maxim Invest Solutions fue la adjudicataria del contrato.
Sin embargo, después de que medios de comunicación como 'Newtral' o 'infodefensa.com' se hiciesen eco del modo de resolver el procedimiento y de otras circunstancias que concurren en esta licitación, la tramitación de la adjudicación fue suspendida a mediados del pasado febrero.
"Que se ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación al expediente (...) cuyo objeto es 'adquisición de repuestos para la familia BMR/VEC del Ejército de Tierra'. Que, por mandato del art. 53 LCSP, su tramitación se suspende a la fecha de este escrito, puesto que el acto recurrido es la adjudicación. Queda en esta situación hasta su levantamiento por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales", señala la comunicación publicada en el portal de contratación el pasado 16 de febrero.
En el recurso interpuesto por la UTE Defensa y Logística Aplicada y MISD se indica que Maxim Invest Solutions fue constituida el 16 de marzo de 2023 y que "carece de empleados hasta tres días antes del fin del plazo de presentación de ofertas".
"Por el contrario, las sociedades que integran la UTE, Defensa y Logística Aplicada tiene un empleado de alta del 24 de marzo al 3 de octubre de 2023, el cual es sustituido por otro trabajador con discapacidad y tiene otro empleado discapacitado desde el 24 de julio de 2023, y Mantenimiento e Ingeniería de Sistemas para la Defensa tiene un trabajador discapacitado desde el 15 de junio de 2022", argumentó el recurrente.
Al margen de eso, la UTE recurrente alegaba que Maxim Invest Solutions tampoco tenía capacidad para ejecutar el contrato y debía haber sido excluida de la adjudicación debido a que el objeto social de la compañía era el de compraventa de bienes inmobiliarios y "solo el 27 de septiembre de 2023 (12 días después de iniciarse el plazo de presentación de ofertas), se adquiere la sociedad por un tercero y cambia el objeto social a la actividad principal de consultoría de gestión empresarial y de forma secundaria a la compraventa de recambios de la industria de defensa".
Además, la UTE recurrente pretendía que le fuese adjudicado el contrato, si bien la resolución del TARC indica que esa pretensión excede su ámbito de competencia.
Al margen del criterio utilizado para adjudicar la licitación, el administrador de Maxim Invest Solutions, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del 13 de octubre de 2023, es Antonio Molina Baltanas, que fue multado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el pasado 25 de julio con un total de 34.000 euros por su participación en un cártel para repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa.
En ese proceso sancionador la CNMC multó a un total de cuatro empresas y seis directivos, y entre las cuatro compañías figuraba Casli, que fue sancionada con 100.000 euros.
En ese sentido, la oferta de Casli fue una de las aceptadas en el contrato para la adquisición de repuestos para distintos tipos de vehículos blindados del Ejército de Tierra y que obtuvo la puntuación máxima en la primera ronda de valoración.
"La CNMC considera que corresponde aplicar a las empresas la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)", destacó el regulador cuando comunicó el pasado 25 de julio la sanción a cuatro empresas y seis directivos por el cártel para repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa.
"Sin embargo, valora positivamente algunos de los programas de cumplimiento normativo que han presentado las empresas sancionadas, y les ha pedido revisarlos dentro de seis meses. Si la CNMC considera que las empresas siguen teniendo la voluntad de cumplimiento y promoción de la cultura de defensa de la competencia, propondrá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que tenga en cuenta sus programas a los efectos del artículo 72.5 LCSP", agregó el regulador.
Por otro lado, entre los directivos sancionados por la CNMC en julio del año pasado también figuran Sergio Hernando Moreno (60.000 euros en total) y Óscar Agudo Sánchez (45.000 euros), los cuales son directivos de Defensa y Logística Aplicada, la empresa en UTE con MISD que llegó al proceso de desempate mediante el número de la Lotería Nacional.
