Movilización de CCOO y UGT en defensa de la protección social
Este domingo 2 de febrero, los sindicatos CCOO y UGT organizarán manifestaciones en toda España para denunciar lo que consideran un uso «oportunista» de la protección social por parte de algunas formaciones políticas. Los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se reunirán en la Plaza Jacinto Benavente de Madrid a las 12.00, con el lema «Con los derechos de la gente no se juega». Exigen a los grupos parlamentarios que cumplan con su compromiso y aprueben el nuevo real decreto ley «sin más dilaciones», ya que su aprobación depende del Congreso de los Diputados.
La no convalidación del primer decreto ‘ómnibus’ puso en riesgo a más de 10 millones de pensionistas
Las concentraciones se llevarán a cabo en todas las comunidades autónomas, y los sindicatos buscan que los grupos parlamentarios centren su atención en las necesidades de la ciudadanía, instando a que «no vuelvan a utilizar» sus derechos «como moneda de cambio». En un manifiesto conjunto, CCOO y UGT subrayan la importancia de que el Parlamento esté «al servicio de la gente» y no de «estrategias de vuelo corto» que afectan negativamente a las instituciones democráticas.
Ambas organizaciones han destacado que la falta de convalidación del primer decreto ‘ómnibus’ amenazó varios derechos fundamentales, incluyendo el bienestar de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y las ayudas por desastres naturales. Sordo y Álvarez han advertido que el movimiento sindical estará «vigilante» sobre las leyes que se tramiten a partir de este momento.
Demandas de CCOO y UGT para la solución de проблемáticas sociales
A pesar de la aprobación de un nuevo decreto ‘ómnibus’, negociado con Junts y con el respaldo previsto del Partido Popular, los sindicatos enfatizan la necesidad de salir a la calle para exigir «responsabilidad y compromiso» en la protección de los derechos sociales. La movilización tiene como objetivo garantizar que no se ponga en riesgo la protección social de la mayoría de la población y asegurar un compromiso gubernamental para reducir la jornada laboral a 37,5 horas por ley.
Asimismo, CCOO y UGT han resaltado la importancia de preservar la sostenibilidad de las pensiones y garantizar aquellas medidas acordadas en el diálogo social que refuercen el sistema público. «Algunos partidos apoyan la revalorización, pero rechazan los ingresos que la hacen posible. Eso es poner en riesgo el sistema y abrir la puerta a su privatización», concluyen.