El Congreso de los Diputados ha ratificado un nuevo decreto ley que introduce ayudas fiscales en respuesta al conflicto en Oriente Medio. La medida fue aprobada en una sesión extraordinaria con el apoyo del resto del hemiciclo y con la abstención del Partido Popular y Podemos, mientras que Vox votó en contra.
Ante la persistencia del conflicto y el impacto en los precios de la energía, el Gobierno ha emitido un segundo paquete de medidas. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio, incluye una reducción temporal del impuesto especial sobre hidrocarburos, que disminuirá en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, la rebaja del IVA en los carburantes al 10% no se mantendrá, siguiendo las directrices de Bruselas.
El Congreso ha decidido mantener activo el decreto ley que pretende mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio
Además, el decreto contempla la posibilidad de reactivar beneficios anteriores si el conflicto se agrava y los precios de los carburantes vuelven a subir. Se supervisarán los precios mensualmente, y si el IPC supera el 15% respecto al año anterior, se volverán a aplicar las reducciones en electricidad y gas. Asimismo, se mantendrán descuentos para el sector primario y el transporte, y se añadirán 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes en el sector agrícola.
El decreto también establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inspeccionará las estaciones de servicio para garantizar el cumplimiento de las medidas. Hasta el momento, se han detectado irregularidades en 52 estaciones.
Respecto a la fiscalidad energética, el texto prevé la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una medida reclamada por PP y Junts. Esta reducción empezará con un tipo del 5% en los últimos dos trimestres de 2026, bajando al 3,5% en 2027, hasta llegar a su eliminación en 2028. Esta iniciativa podría generar un incremento en la producción industrial de 2.600 millones de euros anuales y la creación de unos 3.700 empleos.
Además, se mantendrán ciertas condiciones para las empresas que reciban ayudas, como la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible y la prohibición de despidos relacionados con el conflicto. También, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia verá flexibilizado su calendario de inversiones.
El apoyo fiscal añadido por estas medidas alcanzará los 1.825 millones de euros para 2026, mientras que la reducción en ingresos por la eliminación del impuesto a la producción se estima en 2.700 millones de euros para 2027 y 2028.
