El Pleno del Congreso se reunirá en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, para debatir y votar un nuevo decreto ley que busca mitigar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio mediante nuevas ayudas fiscales. Entre las medidas más destacadas están la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Este paquete sigue al primero, aprobado por el Gobierno para contrarrestar las repercusiones de la guerra en Irán, que incluía ayudas temporales que finalizaron en junio.
El decreto ley, que ya entró en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, debe ser ratificado por el Congreso en un plazo de treinta días. Una de las acciones cruciales del nuevo paquete es la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que disminuirá 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. No obstante, el descuento del IVA al 10% para los carburantes se elimina, en respuesta a las recomendaciones de Bruselas.
El Gobierno ha establecido una cláusula automática para reinstaurar el descuento de 20 céntimos por litro si el conflicto se intensifica y la inflación de los carburantes vuelve a aumentar
La administración revisará mensualmente la inflación comparada con el IPC del año anterior. Si esta supera el 15%, las rebajas para electricidad y gas se reactivarán. En cuanto a los sectores primario y del transporte, se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro. Además, el sector agrícola recibirá 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, sumándose a los 500 millones previamente asignados.
Otro aspecto importante del decreto es la implementación por parte de la CNMC de un sistema de seguimiento de márgenes brutos en las estaciones de servicio para garantizar el cumplimiento de las medidas. Aunque se ha detectado solo una conducta anómala en 52 estaciones, el control será riguroso. En el ámbito de la fiscalidad energética, la norma promueve la eliminación gradual del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, un cambio largamente solicitado por PP y Junts. Se espera que este impuesto, que bajará al 5% para finales de 2026 y al 3,5% en 2027, desaparezca en 2028. Los cálculos del Gobierno apuntan a que la eliminación del impuesto generará un incremento de 2.600 millones de euros en la producción y la creación de 3.700 empleos anuales.
Finalmente, las empresas que reciban ayudas deberán cumplir con una prohibición de despido por causas relacionadas con el conflicto y mantener un Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores. También se contempla la flexibilización en el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo inversiones posteriores a la fecha límite de agosto. Las nuevas medidas del decreto, que estarán vigentes durante tres meses, prevén un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros para 2026, además de una disminución de ingresos de 2.700 millones para 2027 y 2028 debido a la eliminación del impuesto sobre producción. Se potencia además la implantación de energía renovable y biogás, dándole preferencia a proyectos que promuevan el desarrollo social y ambiental.
