La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso definirá este jueves el calendario para abordar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo contra el diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné. Este procedimiento se centra en posibles irregularidades durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona). Alonso ya compareció voluntariamente ante el Supremo el pasado 15 de junio, donde defendió la legalidad de las contrataciones bajo su administración y negó cualquier ilícito.
El suplicatorio fue presentado al Congreso el 14 de julio, tras el análisis del Supremo que indica posibles indicios de prevaricación administrativa en la adjudicación de contratos públicos mediante contratos menores. Se argumenta que se habría utilizado esta modalidad para evitar la legislación específica sobre contratación pública. La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, remitió el caso a la Comisión del Estatuto del Diputado a finales de julio.
Esta comisión, liderada por el popular Manuel Cobo y compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios, tiene un plazo de 30 días para formular una propuesta sobre el suplicatorio. Durante este tiempo, Félix Alonso tendrá la oportunidad de manifestarse personalmente o por escrito. La decisión final recaerá en el Pleno de la Cámara, donde se realizará un voto secreto.
El proceso de suplicatorio se desarrolla con el hemiciclo cerrado, garantizando la privacidad en el debate y votación
Si el Pleno concede el suplicatorio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, será la encargada de notificarlo al órgano judicial. En caso de que el Congreso no llegue a un acuerdo en 60 días naturales, el suplicatorio se entenderá denegado. El de Félix Alonso es el segundo suplicatorio de la actual legislatura. Recientemente, el Congreso aprobó investigar a figuras como el exministro José Luis Ábalos y el exdiputado del PP Alberto Casero por diferentes presuntas irregularidades.
Históricamente, han sido aprobados 34 suplicatorios, mientras que 14 han sido rechazados, siendo la última negativa en 1988 en un caso de derecho al honor. La Cámara ha permitido investigaciones relevantes, como el 'caso GAL' con el exministro socialista José Barrionuevo o el caso Gürtel con Jesús Merino. Asimismo, se destaca el caso del exconsejero José Antonio Viera, que quedó sin culminar por su dimisión, y otros ligados a incidentes políticos significativos en la historia reciente del Congreso.
