Este jueves, el Pleno del Congreso celebrará una sesión extraordinaria para decidir sobre la convalidación o derogación del decreto ley que permite la jubilación parcial del personal laboral en la administración pública y establece un complemento de insularidad en las Islas Baleares. Este decreto ya está vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, ahora el Congreso debe ratificarlo.
La norma permite a los trabajadores a tiempo completo de la administración acogerse a una jubilación parcial y anticipada. Para ello, deben celebrarse simultáneamente contratos de relevo. Aunque Podemos no se opuso al contenido del decreto, exige al Gobierno retirar la norma y presentar otra que también convierta en fijos a cerca de un millón de interinos en la administración. Ante esta incertidumbre, el sindicato CCOO ha instado a los grupos parlamentarios a respaldar la convalidación del decreto, advirtiendo que su rechazo afectaría a miles de empleados públicos.
El rechazo del decreto podría privar a miles de empleados públicos de una jubilación parcial que facilita una transición ordenada, según CCOO
Para acogerse a la jubilación parcial, los empleados deben cumplir varios requisitos: retirarse tres años antes de la edad legal de jubilación; cotizar durante 33 años; poseer una antigüedad de seis años en la empresa previa a la fecha de jubilación parcial y reducir su jornada laboral entre un 25% y un 75%. Si la jubilación se anticipa más de dos años, la reducción del primer año debe estar entre el 20% y el 33%. Con esta modalidad, los trabajadores recibirán una parte proporcional de su salario y pensión.
Las administraciones tienen la obligación de planificar la cobertura de estas jubilaciones, preferentemente a través de ofertas de empleo. La oferta pública de 2026 ya contempla 854 plazas para contratar personal relevista fijo. Además, el decreto incluye un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para facilitar la adaptación al nuevo sistema y una disposición para revisar las indemnizaciones por residencia del personal estatal en Baleares.
