El Pleno del Congreso tiene previsto decidir este jueves, 23 de julio, en una sesión extraordinaria, sobre la convalidación o derogación del decreto ley que regula la jubilación parcial para el personal laboral en la administración pública. Este decreto, que incluye además un complemento de insularidad en las Islas Baleares, está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero necesita ser ratificado por el Congreso.
La normativa permite que el personal laboral a tiempo completo acceda a la jubilación de forma parcial y anticipada antes de llegar a la edad ordinaria, siempre que se celebre simultáneamente un contrato de relevo. Aunque Podemos no se ha opuesto al fondo del decreto, ha exigido al Gobierno que lo retire y presente una nueva versión que, además, convierta en fijos a cerca de un millón de interinos en la administración.
Ante la incertidumbre sobre el futuro del decreto, el sindicato CCOO ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar su convalidación, advirtiendo que de no hacerlo, miles de empleados públicos quedarían sin la opción de una jubilación parcial, que según la organización, facilita una transición laboral ordenada.
Condiciones para la jubilación parcial
Para acogerse al régimen de jubilación parcial, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos: retirarse tres años antes de la edad de jubilación, acreditar 33 años de cotización y contar con una antigüedad de seis años en la empresa antes de la jubilación parcial. Además, la reducción de la jornada laboral debe estar entre el 25% y el 75%. Si se anticipa más de dos años, la reducción de jornada en el primer año será entre el 20% y el 33%.
Con esta modalidad, el trabajador puede reducir su jornada laboral y recibir la parte correspondiente de su salario por las horas trabajadas, mientras que por las horas reducidas percibirá proporcionalmente la pensión. Las administraciones deben planificar la cobertura de jubilaciones parciales, preferentemente a través de ofertas de empleo. En este contexto, la oferta de empleo público de 2026 ya contempla 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo.
El decreto ley también establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para la adaptación al nuevo régimen, e incorpora una disposición adicional para la indemnización por residencia del personal del sector público estatal en Baleares, revisando las cuantías de dichas indemnizaciones.
