El Congreso de los Diputados debatirá este lunes una iniciativa presentada por Sumar, Bildu, PNV, ERC, Junts, Podemos y BNG, en la que se solicita al Gobierno llevar a cabo una investigación "exhaustiva e independiente" sobre los abusos y malos tratos que presuntamente sufrieron jóvenes durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990. La proposición, recogida por Europa Press, se apoya en testimonios de testigos que han denunciado vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas vividas por reclutas en los cuarteles.
Los partidos mencionan "numerosas muertes" en "circunstancias no suficientemente aclaradas" y citan más de 300 suicidios documentados en las Fuerzas Armadas entre 1983 y 2001, según datos oficiales del Ministerio de Defensa. Sin embargo, subrayan que la cifra podría ser superior, especialmente si se consideran las defunciones clasificadas como "accidentales". Además, destacan que algunas familias descubrieron años después que sus hijos fueron víctimas de suicidios relacionados con los abusos sufridos en los cuarteles.
Las formaciones señalan que estos hechos "no son episodios aislados, sino una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional".
Por ello, solicitan una investigación estatal que incluya la recopilación de datos sobre suicidios, muertes no aclaradas y denuncias de abusos asociados al servicio militar obligatorio; un análisis de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares; y un examen de los mecanismos de control existentes en la época, así como de sus déficits.
Asimismo, amparándose en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, piden que esta institución inicie investigaciones de oficio para esclarecer lo ocurrido en la 'mili' de las décadas de 1980 y 1990. Consideran "necesario" activar este mecanismo para esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas e impulsar medidas de reparación, asegurando que la cuestión se aborde a nivel estatal por los órganos competentes.
La iniciativa también insta al Estado, una vez constatados los hechos, a reconocer públicamente a todas las víctimas; establecer mecanismos de reparación "moral, simbólica y económica"; garantizar el acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para los afectados y sus familiares; y emitir recomendaciones para evitar la repetición de estas situaciones.
