El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, tiene previsto interrogar al empresario Julio Martínez Martínez en relación con el "caso Plus Ultra". Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, había manifestado que Zapatero marcaba los pasos a seguir en la intermediación del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea durante la pandemia.
En un escrito dirigido al juez, al que tuvo acceso Europa Press, Martínez se comprometió a colaborar con la investigación. Es propietario de Análisis Relevante, una de las empresas indagadas por pagos relacionados con Zapatero, quien, según el juez, lideraría una red de tráfico de influencias. La defensa de Martínez destacó que uno de sus primeros clientes fue Plus Ultra, de la cual tuvo conocimiento en mayo de 2020 tras ser contactado por Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, presidente y CEO de la aerolínea.
El papel de Martínez como intermediario fue central, ya que Zapatero le sugirió conectar a Plus Ultra con directivos del Banco Santander para un crédito ICO. Sin resultados en esa vía, la aerolínea se enfocó en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Posteriormente, se acordaron unos honorarios de 5.000 euros mensuales con la consultora Análisis Relevante por los servicios de asesoramiento brindados por Zapatero.
El empresario informó que, bajo indicaciones de Zapatero, Plus Ultra obtuvo el crédito aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021
En el transcurso de la operación se firmó un contrato con Idella Consulenza Strategica, garantizando una comisión del 1% de la financiación otorgada. La abogada de Martínez subrayó que tras el "éxito" de esta operación, Plus Ultra y la empresa de Martínez continuaron resolviendo cuestiones logísticas en Venezuela.
Calama coloca a Martínez como el intermediario clave en las gestiones de la presunta red. Análisis Relevante transfirió 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a la sociedad de sus hijas, What The Fav, por trabajos considerados ficticios. Durante su declaración, Zapatero negó ser director de una estructura fraudulenta y defendió los pagos realizados, ubicándolos en el marco de una colaboración formal con la agencia de comunicación de sus hijas.
Zapatero reconoció que propuso a su socio que sus hijas podrían colaborar con Análisis Relevante. Sin firmar contrato, el expresidente explicó que su relación profesional con la consultora se sustentó en la confianza, detallando un pago anual de 90.000 euros. El juez cuestionó la ausencia de contratos, insinuando complicaciones fiscales según la normativa de Hacienda.
El magistrado también vinculó un encuentro de Martínez con Tomás Guerrero, compañero de partido de Zapatero, con la creación de una empresa 'offshore' en Dubái para presuntamente canalizar comisiones ilegales. Sin embargo, Zapatero negó haber participado en la creación de dicha sociedad.
