La Comisión de Transportes del Senado se reúne este martes para discutir la ley que busca transferir la gestión y titularidad de la AP-9 a Galicia. El Partido Popular (PP), aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, planea aprobar enmiendas para recuperar el "espíritu" original de la normativa impulsada por el Parlamento de Galicia.
Esta ley se desbloqueó recientemente gracias a un acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar, que permitió incluir tanto la gestión como la titularidad de la vía a favor de la Xunta de Galicia, resultando en una proposición de ley orgánica. Sin embargo, la disputa entre los partidos se intensificó cuando el PP manifestó su descontento con la nueva redacción, que consideran traiciona el acuerdo original del Parlamento gallego. Intentaron revertir la situación a través de enmiendas en el Congreso, pero estas fueron rechazadas, lo que ha llevado a una acusación mutua entre partidos por "traicionar" a los gallegos.
El PP, apoyado en su mayoría en la Cámara Alta, podrá aprobar las enmiendas, aunque el texto deberá volver al Congreso para que se pronuncie nuevamente sobre las modificaciones
El acuerdo alcanzado por PSOE, Sumar y BNG sitúa como objetivo la transferencia a Galicia de la titularidad y competencias sobre la AP-9, incluyendo el régimen jurídico de la concesión y las funciones de supervisión de la autopista. La Administración General del Estado y Galicia deberán presentar a la Comisión Mixta de Transferencia un acuerdo sobre las condiciones y límites de esta transferencia, así como sobre la supervisión e inspección del funcionamiento de la vía. Asimismo, deben abordar las modificaciones al régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relacionado con tarifas, peajes y programas de descuento.
En cuanto a las repercusiones económicas, el acuerdo establece que el Estado mantendrá a su cargo las obligaciones financieras derivadas de decisiones tomadas antes de la transferencia. La Xunta, por su parte, asumirá todas las responsabilidades económicas derivadas de las modificaciones realizadas tras el traspaso. No obstante, cualquier cambio promovido por la comunidad autónoma que incremente los compromisos económicos deberá ser asumido íntegramente por Galicia.
