El colectivo Manos Limpias ha solicitado la condena a diez años y tres meses de cárcel para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Gómez está siendo acusada de los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La petición se recoge en un escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, tras la decisión del juez instructor Juan Carlos Peinado de llevar a juicio a Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Manos Limpias ha centrado su acusación en Gómez y Barrabés, solicitando ocho años de prisión para la esposa del presidente por supuesta malversación y dos años y tres meses adicionales por el segundo delito, además de una multa equivalente al doble del beneficio económico obtenido. Según la acusación, Gómez habría utilizado su posición como esposa del presidente para influir en el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en la creación de una cátedra universitaria que ella pudiera dirigir.
Gómez habría empleado su condición de directora de la cátedra para emitir cartas de recomendación que favorecerían a Barrabés en la obtención de contratos públicos.
La acusación señala que Gómez se benefició económicamente de su cargo en la cátedra, percibiendo no solo 15.000 euros, sino también apropiándose de un software desarrollado en el entorno académico para su comercialización a través de una empresa de su propiedad. Este programa, cuyo valor estimado supera los 108.000 euros, habría sido sustraído del patrimonio público de la UCM.
Además, se indica que Gómez utilizó a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para intervenir en reuniones y facilitar el funcionamiento de la cátedra y el negocio privado resultante. Álvarez, personal eventual de la Presidencia del Gobierno, habría prestado funciones auxiliares con recursos de la administración pública.
Por otra parte, Manos Limpias solicita también dos años y tres meses de prisión para Barrabés, argumentando que, en colaboración con Gómez, obtuvo cartas de recomendación que le aseguraron contratos públicos de la entidad Red.es, valiéndose de la posición de Gómez en la dirección de la cátedra universitaria.
El juez Peinado ha planteado que Gómez sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
