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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en rueda de prensa la aprobación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales. Según aseguró, las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, esperando que los primeros jueces y magistrados comiencen a trabajar para finales de año, específicamente el 31 de diciembre. Bolaños destacó que esta es la primera vez en la historia que se crean 700 plazas para jueces y fiscales en un solo año, un ritmo que se pretende mantener en los años venideros. De las 500 plazas para jueces, 368 están destinadas a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados. Se distribuirán 76 plazas en las audiencias provinciales, nueve en los tribunales superiores de justicia, siete en el Tribunal Supremo y cuatro en la Audiencia Nacional. Además, 34 estarán asignadas por territorio, permitiendo su movilidad según las necesidades laborales, mientras que dos se destinarán al Tribunal Central de Instancia. Este incremento supone un aumento del 8,5% en la planta judicial. Bolaños atribuyó esta expansión a la Ley de Eficiencia, destacando que el coste de una unidad judicial con tribunales de instancia ronda los 100.000 euros, comparado con los 500.000 a 600.000 euros de un juzgado unipersonal. El coste total de las nuevas unidades judiciales será de aproximadamente 55 millones de euros, mucho menos que los 260 millones que habrían supuesto los juzgados unipersonales tradicionales. Con la creación de estas plazas, se busca no solo reducir los tiempos para obtener resoluciones judiciales, sino también aliviar la carga de trabajo de jueces y magistrados Las 200 nuevas plazas de fiscales estarán distribuidas por comunidades autónomas y órganos centrales, reforzando áreas esenciales. Se crearán nuevos cargos, como el fiscal de Sala responsable de la protección…
La Audiencia Provincial de Madrid ha otorgado a Francisco Javier Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', la suspensión de su ingreso en prisión tras ser condenado a dos años por acceder a bases de datos policiales. Esta decisión está condicionada a que no cometa nuevos delitos en un plazo de cuatro años. Los magistrados, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, han decidido otorgar el "beneficio de la suspensión de condena de las penas privativas de libertad impuestas" a Gómez Iglesias. Además, deberá abonar una multa de 1.800 euros. La suspensión cuenta con el apoyo de la Fiscalía y está supeditada a la "ausencia de actividad delictiva" durante esos años y al pago de la multa. En caso de incumplimiento, se advertido que se procederá a ejecutar la pena privativa de libertad. El cumplimiento de la pena de prisión podría afectar negativamente al proceso de resocialización de Gómez Iglesias El Tribunal Supremo, en marzo pasado, había reducido la condena a dos años, un mes y 15 días, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas. La Sala de lo Penal aceptó parcialmente el recurso presentado por Gómez Iglesias contra la sentencia original de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que había sido condenado a cuatro años y tres meses. La nueva decisión de la Audiencia Provincial considera que, dado el tiempo transcurrido desde la perpetración de los delitos, cercano a los 12 años, sin que se registren nuevas conductas delictivas, la ejecución de penas de prisión no es necesaria para prevenir futuros delitos. Se argumenta que la suspensión de estas penas puede facilitar el objetivo de la resocialización, siendo preferible optar por mecanismos de rehabilitación en lugar de penas de cárcel.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 como una estrategia para justificar un posible adelanto electoral en primavera. Durante una entrevista en Radio Nacional de España, Bravo sugirió que esta presentación puede ser una herramienta del presidente para justificar sus posturas políticas y propiciar unas elecciones anticipadas. Bravo explicó que, a su juicio, la estrategia de Sánchez podría consistir en presentar los presupuestos y, una vez rechazados, convocar elecciones para la próxima primavera, sin que ello se perciba como un adelanto electoral sino como una medida natural. Además, calificó como paripé y poco ético que se hable de nuevas cuentas públicas en un contexto de creciente casos de corrupción y debilitamiento de los apoyos parlamentarios, especialmente después de las críticas del PNV, Junts y las dudas de ERC sobre la aprobación de los presupuestos. Bravo considera que presentar los Presupuestos ahora, con menos respaldos políticos, es "tomarle el pelo a los españoles" El político del PP recordó que el Gobierno ha presumido de gobernar sin presupuestos aprobados durante gran parte de su mandato, y criticó que los presente ahora que cuenta con menos apoyos. En otro momento de la entrevista, Bravo se refirió a la situación económica, señalando que, a pesar de las circunstancias negativas, el país sigue creciendo, aunque cuestionó si ese crecimiento es verdaderamente beneficioso. El dirigente del Partido Popular planteó que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) podría estar influido por el aumento de población inmigrante y el endeudamiento público, sugiriendo que el incremento del PIB se debe al consumo público y no se traduce en un mejor poder adquisitivo para los españoles. Según datos citados por Bravo del CIS, el…
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación de gran envergadura en la Costa del Sol, Málaga, donde ha intervenido casi una tonelada de MDMA, lo que constituye la mayor incautación de esta sustancia en Europa. La investigación se centró en una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas, cocaína y marihuana, con conexiones en los Países Bajos y pretensiones de enviar la mercancía a Latinoamérica a través de Ghana, para posteriormente intercambiarla por cocaína. Esta operación comenzó a principios de 2025, en colaboración con la Policía de los Países Bajos, tras detectar la actividad de una red delictiva compuesta por ciudadanos neerlandeses instalados en la Costa del Sol. Las pesquisas revelaron que los principales responsables dirigían envíos significativos de drogas sintéticas desde España y los Países Bajos hacia África. Una vez en Latinoamérica, la droga se utilizaba como moneda de cambio para conseguir cocaína, que finalmente se introducía en Europa por puertos españoles. La incautación de casi una tonelada de MDMA en la Costa del Sol es considerada la mayor en Europa La operación culminó con la detención de 15 individuos en diferentes localidades: Torremolinos (5 arrestos), Marbella (1), Fuengirola (3), Estepona (1), Mijas (1), Sevilla (1) y Países Bajos (3). Se realizaron doce registros en Málaga, Sevilla, Granada y los Países Bajos, donde se incautaron 859 kilos de MDMA, 88 kilos de éxtasis, 644 plantas de marihuana, y otros productos vinculados al cannabis. También se confiscaron más de 46.000 euros, tres armas de fuego, vehículos de lujo y relojes de marcas prestigiosas, además de desmantelarse tres plantaciones de marihuana interiores. A partir de octubre, algunos de los principales investigados se trasladaron a los Países Bajos, lo que motivó la formación de un equipo conjunto de investigación entre las fuerzas de seguridad española y neerlandesa. Durante…
La Audiencia Nacional ha fallado a favor del entrenador neerlandés Louis van Gaal en su disputa legal contra la Administración General del Estado, específicamente contra Hacienda, por no haber aplicado la correspondiente reducción fiscal a la totalidad de su indemnización tras su despido por el Fútbol Club Barcelona en 2003. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, estima el recurso de Van Gaal contra el fallo del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente de Hacienda. La Audiencia Nacional ha determinado que corresponde aplicar una reducción del 40% sobre el total de la indemnización recibida, que ascendió a 4.239.392,98 euros. En enero de 2003, Van Gaal y el club acordaron la extinción de su contrato como primer entrenador y del contrato de cesión de derechos de imagen. El entrenador renunció a la cláusula indemnizatoria y aceptó la propuesta del Barça, que consistía en pagarle los sueldos del resto de la temporada, de febrero a junio de 2003, por un total de 2.239.392,98 euros, además de una indemnización bruta de dos millones de euros. El TEAC clasificó los dos millones como indemnización por despido, aplicando la reducción del 40%, mientras que consideró los 2.239.392,98 euros restantes como "salario regular", por lo que no se aplicó la citada reducción. No obstante, la Audiencia Nacional sostiene que, aunque una parte de la indemnización coincida en cuantía con las nóminas, esta no derivó de la ejecución de los contratos laborales y de cesión de derechos de imagen, sino que corresponde a la indemnización por la rescisión de la relación contractual. La Audiencia Nacional concluye que debía permitirse la reducción del 40% sobre toda la indemnización, siguiendo el reclamo de Van Gaal
La Comisión de Transportes del Senado se reúne este martes para discutir la ley que busca transferir la gestión y titularidad de la AP-9 a Galicia. El Partido Popular (PP), aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, planea aprobar enmiendas para recuperar el "espíritu" original de la normativa impulsada por el Parlamento de Galicia. Esta ley se desbloqueó recientemente gracias a un acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar, que permitió incluir tanto la gestión como la titularidad de la vía a favor de la Xunta de Galicia, resultando en una proposición de ley orgánica. Sin embargo, la disputa entre los partidos se intensificó cuando el PP manifestó su descontento con la nueva redacción, que consideran traiciona el acuerdo original del Parlamento gallego. Intentaron revertir la situación a través de enmiendas en el Congreso, pero estas fueron rechazadas, lo que ha llevado a una acusación mutua entre partidos por "traicionar" a los gallegos. El PP, apoyado en su mayoría en la Cámara Alta, podrá aprobar las enmiendas, aunque el texto deberá volver al Congreso para que se pronuncie nuevamente sobre las modificaciones El acuerdo alcanzado por PSOE, Sumar y BNG sitúa como objetivo la transferencia a Galicia de la titularidad y competencias sobre la AP-9, incluyendo el régimen jurídico de la concesión y las funciones de supervisión de la autopista. La Administración General del Estado y Galicia deberán presentar a la Comisión Mixta de Transferencia un acuerdo sobre las condiciones y límites de esta transferencia, así como sobre la supervisión e inspección del funcionamiento de la vía. Asimismo, deben abordar las modificaciones al régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relacionado con tarifas, peajes y programas de descuento. En cuanto a las repercusiones económicas, el acuerdo establece que el Estado mantendrá a su cargo las obligaciones financieras derivadas de…
El Gobierno ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial que impide a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, asistir a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía. El Ejecutivo califica la medida de "incomprensible". El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación contra Gómez, ha dejado la resolución del caso en manos de su sustituto, el juez Antonio Viejo, debido a que se encuentra de vacaciones. Viejo ha concedido parcialmente la solicitud de Gómez, permitiéndole viajar al Reino Unido para la graduación de una de sus hijas, pero denegando el permiso para asistir a la reunión de la Alianza Atlántica. Anteriormente, Peinado le había retirado el pasaporte a Gómez como medida cautelar por considerar que existe un riesgo de fuga. El juez Viejo justifica la denegación del viaje a Turquía afirmando que el país no forma parte del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea En el auto publicado el lunes, el magistrado subraya que la invitación a Gómez es meramente por "cortesía institucional internacional" y que no participará activamente en la cumbre. A pesar de estas explicaciones, la decisión no ha sido bien recibida en Moncloa.
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha solicitado al Gobierno que los ayuntamientos participen en la reforma del sistema de financiación al mismo nivel que las comunidades autónomas. Esta petición se realizó durante la reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), coincidiendo en fecha con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el ministro de Hacienda, Arcadi España, reunió a las regiones para establecer los objetivos de estabilidad para las administraciones públicas con vistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027. Es necesario abordar la reforma de la financiación local de manera "simultánea" al modelo autonómico García-Pelayo enfatizó que esta petición busca que se escuche a los ayuntamientos, ya que estos, según sus palabras, no son incumplidores y presentan el nivel más bajo de endeudamiento del Estado. La presidenta destacó que todas las formaciones políticas con representación en la FEMP apoyan de manera unánime esta reclamación en defensa de una financiación adecuada y de unas competencias claramente definidas. Además, la FEMP ha propuesto que se comuniquen con antelación a cada ayuntamiento las cantidades que recibirán en 2027 en concepto de entregas a cuenta y liquidación definitiva, para que puedan incorporarlas a sus presupuestos. En caso de que no se aprueben los PGE de 2027, la federación sugiere que el Gobierno apruebe un real decreto específico antes de que acabe 2026, lo que permitiría a las entidades locales recibir desde enero las cantidades actualizadas del próximo ejercicio. Por otro lado, García-Pelayo ha instado a que se convoque una reunión ordinaria de la CNAL en el último cuatrimestre de este año, para cumplir con la periodicidad establecida en la normativa de este órgano de cooperación entre el Estado y la Administración local. Subrayó que las reuniones ordinarias…
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fallado a favor de una mujer casada en Marruecos en 1965, reconociendo su derecho a recibir una pensión de viudedad. La decisión revoca la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que había denegado la pensión por falta de inscripción del matrimonio en el Registro Civil español, según informa Europa Press. Inicialmente, el INSS rechazó la solicitud de la mujer en octubre de 2020, argumentando que no cumplía con los requisitos necesarios debido a la falta de registro del matrimonio en España. El trámite no pudo completarse porque la inscripción requería el certificado de nacimiento de su esposo, nacido en 1938, registrado en los denominados libros cheránicos del Registro Civil del Sahara. La documentación, sin embargo, resultó ser inlocalizable debido a extravíos. La Sala Social del TSJC, al revisar la reclamación de la mujer, ha revocado la resolución del INSS, que consideraba la inscripción en el Registro Civil español como requisito indispensable para otorgar la pensión de viudedad. El tribunal consideró que la ausencia de esta inscripción no debería perjudicar al beneficiario si la legalidad del matrimonio nunca ha sido cuestionada y se han proporcionado pruebas suficientes sobre su celebración. El TSJC se ha apoyado en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para fundamentar su dictamen. El fallo subraya que la inscripción en el Registro Civil no puede servir como único criterio para negar el beneficio, siempre que el vínculo matrimonial celebrado en el extranjero sea validado por otras pruebas. La decisión del TSJC pone de relieve que la búsqueda de prevenir el fraude no debe llevar a la imposición de requisitos artificiales que perjudiquen injustamente a quienes solicitan prestaciones legítimas Jaqui Gaspar, abogada del Col·lectiu Ronda y responsable del recurso, ha resaltado que esta sentencia…
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha formalizado este lunes un acuerdo para abrir una oficina de la Corte Permanente de Arbitraje en España. Esta iniciativa busca mejorar la proyección global del español en el ámbito jurídico y acercar los servicios de la Corte a la amplia comunidad hispanohablante. Durante una reunión entre el ministro José Manuel Albares y el secretario General de la Corte, Marcin Czepelak, se discutió sobre el papel crucial del organismo en la resolución pacífica de disputas internacionales y el compromiso de España con un orden internacional basado en el derecho. Según informa el Ministerio de Exteriores en un comunicado, este acuerdo se considera un hito de gran relevancia que posiciona a España como un referente en la resolución de controversias, destacando la fortaleza de su sistema jurídico y la habilidad creciente del país para gestionar procedimientos de arbitraje internacionales. El acuerdo con la Corte Permanente de Arbitraje reconoce la solidez del ordenamiento jurídico español y proyecta al país como foro de resolución de disputas internacionales José Manuel Albares, titular de Exteriores, subrayó que con esta oficina, España se convierte en un foro consolidado y de referencia para el arbitraje, lo cual refuerza el uso del español como una lengua global dentro del ámbito jurídico. Además, remarcó que este avance posiciona al país como un nexo entre Europa, América Latina y el Mediterráneo. La Corte Permanente de Arbitraje, establecida en 1899, es una organización intergubernamental dedicada a ofrecer servicios para la resolución de disputas entre miembros de la comunidad internacional, tal como se define en el propio organismo.