Actualidad

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha instado a los miembros de su formación a intensificar su discurso ante la ciudadanía subrayando que España "está peor" que hace tres años, coincidiendo con la última convocatoria de elecciones generales. Según fuentes de la dirección del partido, Feijóo critica al Gobierno de Pedro Sánchez y asegura que "ha fallado a la gente". En un balance reciente del curso político, Feijóo afirmó que ya suman "ocho años de deterioro progresivo que, a estas alturas, es imposible de ocultar". Asegura que Sánchez "no merece otra cosa que el mayor castigo electoral porque ha sido una desgracia para este país". Feijóo ha dirigido a sus colaboradores que centren sus esfuerzos en los problemas cotidianos de los ciudadanos y en cómo, a su juicio, las políticas del actual Ejecutivo de coalición no han mejorado su situación. Un portavoz del PP señaló que "el Gobierno ha fallado a la gente en temas muy concretos", y critica la falta de protesta desde la izquierda respecto a una política económica que consideran "un maquillaje" sin efectos reales. El PP se prepara para rebatir el discurso de optimismo del Gobierno, alegando que la situación en España ha empeorado significativamente en los últimos años Con las elecciones generales en la mira, y la posibilidad de que se adelanten, el PP planifica una campaña para subrayar el "fracaso" del gobierno de Sánchez en áreas clave como la vivienda, los impuestos y la seguridad. Según fuentes del partido, planean recalcar el "empobrecimiento de la clase media" y que el coste de la cesta de la compra está "disparado". El PP anticipa que Sánchez ofrecerá una imagen "idílica" del país, lo cual el equipo de Feijóo está listo para desmentir. Para apuntalar estas afirmaciones, el PP ha recopilado datos que, según…
La Mesa del Congreso ha recibido el suplicatorio del diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, quien está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Esto tiene relación con la adjudicación de contratos públicos durante su tiempo como alcalde de Altafulla, Tarragona. El suplicatorio ha sido enviado a la Comisión del Estatuto del Diputado, donde se comenzará a tramitar a partir del 1 de septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones. Félix Alonso ya declaró de forma voluntaria el pasado 15 de junio ante el Supremo, defendiendo la legalidad de las contrataciones y negando cualquier irregularidad. Sin embargo, un mes después, el 14 de julio, el Supremo solicitó al Congreso que se suspenda su inmunidad parlamentaria para poder continuar con la investigación. El magistrado a cargo indica que existen indicios de adjudicaciones públicas efectuadas mediante contratos menores, eludiendo la normativa de contratación pública, con la participación de Alonso. La Comisión del Estatuto del Diputado dispondrá de 30 días hábiles para tramitar el suplicatorio a partir del 1 de septiembre Esta comisión está presidida por Manuel Cobo, del Partido Popular, e incluye representantes de todos los grupos parlamentarios. Sus reuniones, que se desarrollan a puerta cerrada, comenzarán en septiembre, cuando Félix Alonso podrá presentar su defensa, ya sea en persona o por escrito. En anteriores ocasiones, la Comisión ha resuelto estos trámites en unas dos semanas. Luego, sus conclusiones se elevarán al Pleno del Congreso, que debe tomar la decisión final. Dicho debate y votación también se realiza de manera privada y sin directrices de voto, siendo el resultado el único dato que se hace público. Si la Cámara no se pronuncia en 60 días naturales desde la recepción del suplicatorio, éste se entenderá denegado. El de Alonso Cantorné es el segundo suplicatorio en…
El 30 de julio de 1976, España dio un paso significativo hacia la "normalidad democrática" con la llegada del Decreto-Ley 10/1976 de Amnistía, apenas 27 días después de que Adolfo Suárez asumiera el poder tras la dimisión de Carlos Arias Navarro. Este decreto tenía la intención de eliminar "cualquier legado discriminatorio del pasado" y permitió la liberación de personas condenadas por delitos políticos, intencionales sin violencia, y algunas infracciones administrativas. El decreto era necesario, según Rafael Arias-Salgado, exministro de los gobiernos de Suárez y Calvo Sotelo, para sentar las bases de una "democracia integradora" tras un régimen autoritario. Sostenido por leyes franquistas y aún sin Cortes constituidas, el gobierno de Suárez necesitaba evitar una posible involución militar, argumento que respalda Eduardo Ranz, abogado especializado en Memoria Democrática. El Decreto-Ley 10/1976 fue un paso necesario para construir una democracia y reconciliación nacional en España Este paso fue esencial para la legalización de los partidos políticos en 1977, entre ellos el Partido Comunista de España (PCE), allanando el camino hacia elecciones libres. Sin embargo, algunos, como el historiador Javier Tébar, ven el decreto como un "indulto encubierto", señalando que hubo detenciones y condenas posteriores por delitos ya amnistiados. Tras el decreto, todavía muchas personas permanecieron en prisión, a la espera de una amnistía sindical. Las "cadenas de huelgas" de 1976 dejaron a cientos en la cárcel, lo que llevó a medidas complementarias para aplicar la amnistía en el ámbito laboral y a funcionarios locales. La Ley de Amnistía de 1977 emergió de estos decretos y, según Arias-Salgado, sigue vigente. Considera que esta ley fundacional de la reconciliación nacional es irreversible, aunque posibilita futuras amnistías. Desde entonces, se han aprobado varias medidas de gracia, incluida una reciente en 2024 relacionada con el 'procès' catalán.
El Gobierno español ha expresado una vez más su firme condena a la violencia continua ejercida por los colonos israelíes contra las comunidades palestinas en Cisjordania. Este sábado, la condena se produce tras los incidentes violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en el municipio de Tell, donde cuatro palestinos perdieron la vida en una incursión de colonos. En uno de los enfrentamientos, un palestino arrebató un arma y comenzó a disparar, lo que resultó en la muerte de un reservista israelí y un militar. Las autoridades palestinas han descrito este acto como defensa propia. Ante esta situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha llamado al Gobierno de Israel a tomar medidas para reducir la violencia y asegurar que estas acciones no queden impunes. El Gobierno de España insiste en la importancia de desescalar la violencia y actuar contra las acciones violentas de los colonos Además, España ha instado a Israel a revertir sus políticas de expansión y de protección a la violencia de colonos contra la población civil palestina. Además, ha recordado a Israel las obligaciones que tiene como potencia ocupante en Palestina. El Gobierno español ha reiterado su compromiso inquebrantable con la implementación de la solución de los dos Estados y seguirá exigiendo responsabilidades a cualquier actor que obstaculice su viabilidad.
Los servicios de guardia de los juzgados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila operan con normalidad a pesar del incendio que afecta a varias localidades, según han informado los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de Madrid. Ambos aseguran que no es necesario implementar medidas inmediatas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundió esta información en un comunicado el sábado, tras establecer contacto con Ana del Ser, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y Aurora de la Cueva, presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El propósito fue evaluar la situación actual y determinar si es necesario aplicar las medidas del protocolo de actuación judicial en situaciones de emergencia y catástrofe, actualizado recientemente en el Pleno del CGPJ. El protocolo garantiza la continuidad del servicio público de Justicia, esencial para proteger a las personas afectadas e investigar los hechos durante emergencias Entre las medidas contempladas en el protocolo están las relacionadas con las sedes judiciales, especialmente si el acceso a estas es imposible o implica un riesgo para la seguridad. También se consideran la suspensión de señalamientos y actuaciones programadas en las áreas afectadas, así como la utilización de medios electrónicos y sistemas de comunicación remota para asegurar la continuidad de la actividad jurisdiccional.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Ministerio ha puesto en marcha todos los mecanismos de protección laboral frente a las emergencias derivadas de los incendios que afectan a España. El objetivo es evitar que los trabajadores tengan que elegir entre su seguridad y su empleo. Díaz especificó que las personas que no puedan acceder a su lugar de trabajo dispondrán de hasta cuatro días de permiso retribuido. Además, las familias que deban ser evacuadas o cuyas viviendas resulten dañadas recibirán protección hasta contar con una solución habitacional estable y adecuada. Asimismo, aquellas personas que sufran la pérdida de su medio de transporte o alteraciones en el transporte público tendrán cobertura para no desplazarse a sus puestos. En este contexto, la ministra recordó que las empresas afectadas podrán acogerse a los mecanismos de mantenimiento del empleo, incluyendo los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, contemplados en la reforma laboral. La principal prioridad ahora es la salud, la vida y la protección de las personas, garantizando que todos los derechos laborales estén salvaguardados En un vídeo compartido en Bluesky, Díaz calificó de “angustiosa y difícil” la situación provocada por los incendios forestales. Subrayó que el cambio climático representa una “amenaza existencial” que demanda prevención, preparación y coordinación por parte de todas las administraciones, resaltando el esfuerzo conjunto en la extinción y protección de la población. Por último, Díaz expresó su solidaridad con las familias afectadas y elogió el trabajo de los equipos de emergencia. "España siempre se ha levantado unida frente al fuego y esta vez no será distinto”, concluyó.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado que durante el mes de julio se han convocado un total de 5.547 plazas de personal laboral fijo, todas ellas adscritas al IV Convenio Colectivo. Estas vacantes forman parte de las Ofertas Públicas de Empleo para los años 2023 y 2024, y se distribuyen tanto en turno libre como en promoción interna, abarcando 126 especialidades para diversos grados de formaciones académicas. Por ministerios, las mayores convocatorias corresponden a Defensa con 1.341 plazas, Interior con 795, Transición Ecológica con 629, Inclusión con 389, Cultura con 382 y Derechos Sociales con 348. En cuanto a las especialidades, destacan las áreas de mantenimiento general, que ofrece 400 plazas; conducción de vehículos de transporte por carretera, con 387; cuidados auxiliares de enfermería, con 255; atención en museos, con 89; y artes gráficas, con 57. Otras especialidades incluyen fisioterapia, con 38 plazas; laboratorios, con 36; dirección de cocina, con 30; peluquería, con 10; y cantantes de coro, con 5 vacantes. Se ha lanzado una convocatoria específica de 301 plazas para personas con discapacidad intelectual en el grupo profesional E0, especialidad en tareas complementarias de apoyo La calificación académica requerida varía según el grupo. Los grupos M3, M2 y M1 exigen titulación universitaria o superior, mientras que E2 y E1 están orientados a titulaciones de Formación Profesional de grado medio y básico. Por último, el Ministerio ha recordado que las solicitudes deben realizarse de manera electrónica a través del modelo oficial 790.
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido los recientes desastres naturales en España a factores como la corrupción, el fanatismo climático y la presunta mafia vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez. En declaraciones realizadas este sábado, Abascal afirmó que estos desastres repetidos van más allá de ser simplemente accidentes fortuitos. Abascal señaló que incidentes como los incendios forestales que actualmente afectan a ciudades como Madrid y Ávila, están relacionados con una gestión tercermundista y un fanatismo climático que no permite una adecuada prevención. Además, hizo referencia al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y al apagón eléctrico del año pasado, destacando que estos eventos se utilizan como excusa para evitar invertir en mejoras necesarias. El líder de Vox acusa al Gobierno de usar los desastres naturales para su provecho político y para desviar la atención de sus propias deficiencias Según Abascal, la mafia del Gobierno actual emplea estos desastres como una herramienta política para debilitar a administraciones no alineadas con ellos y para encubrir sus propias responsabilidades. Criticó duramente lo que denomina la España de Sánchez, la de Nerón, sugiriendo irónicamente que el presidente del Gobierno pronto recomendará música en redes sociales mientras el país se quema, se inunda y se apaga. Estas declaraciones fueron compartidas en un vídeo publicado en la plataforma 'X'.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la localidad de Cenicientos, en Madrid, para evaluar la situación de los incendios que afectan a la región. A su llegada, fue acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Allí, saludó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante su visita, Sánchez asistió a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que tuvo lugar en el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos. Posteriormente, se espera que emita una declaración institucional frente a los medios de comunicación. Los incendios en Madrid y Ávila han quemado más de 15.000 hectáreas y han afectado a más de 63.000 personas, que han tenido que ser evacuadas o confinadas Según la Delegación del Gobierno en Madrid, los incendios en la región madrileña han perdido intensidad durante la noche y su avance ha sido limitado. El descenso en la velocidad del viento, el aumento de la humedad y la disminución de las temperaturas han facilitado los esfuerzos de extinción, tal y como han señalado las mismas fuentes. Sin embargo, las condiciones meteorológicas para este sábado son complicadas. Se espera un aumento en la intensidad del viento y cambios bruscos en su dirección a partir de las 10:00 horas, lo cual podría complicar las labores de control del fuego.
Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Economía, Comercio y Empresa han decidido posponer hasta septiembre la aprobación de la nueva normativa sobre el registro horario. Este aplazamiento se produce tras trabajar en solucionar las cuestiones planteadas por el Consejo de Estado. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había manifestado recientemente que la normativa estaba prácticamente lista, finalmente se ha optado por no llevar el asunto al Consejo de Ministros antes de las vacaciones, como se había planificado inicialmente. El acuerdo entre los ministerios liderados por Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, revelado por el diario El País, responde al ultimátum lanzado por los sindicatos CCOO y UGT. Estos habían advertido que si la normativa no se aprobaba antes del 31 de julio, no participarían en futuros acuerdos que luego no se concretaran. La aprobación de la nueva normativa de registro horario se retrasa a septiembre debido a las observaciones del Consejo de Estado El Consejo de Estado emitió un informe desfavorable respecto a la reforma del registro horario impulsada por el Ministerio de Trabajo. La reforma busca modificar el control de las horas de trabajo para evitar manipulaciones y permitir verificaciones remotas por parte de la Inspección. A finales de febrero se presentó el proyecto de Real Decreto para el registro horario al Consejo con carácter de urgencia, y el dictamen se emitió el 23 de marzo. Este dictamen, contrario a la aprobación del Real Decreto, destaca la falta de adaptación sectorial del nuevo registro, el aumento de carga para las pymes y la forma de presentación del proyecto, que debería ser una norma con rango de ley en lugar de un Real Decreto. Además, el Consejo de Estado coincidió con las críticas de los ministerios de Economía y de Función Pública sobre varios…