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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente las declaraciones sobre las bajas laborales que califican de "cáncer" el absentismo y proponen percibir remuneraciones menores para los trabajadores enfermos. Sánchez ha defendido los derechos laborales en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, aludiendo a que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". Ha subrayado que el Gobierno está comprometido "del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla", afirmando que "los derechos no se recortan, se defienden". Estas declaraciones del presidente del Gobierno responden a las afirmaciones realizadas por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien describió el absentismo como un "cáncer que no podemos pagar". Feijóo cuestionó que un trabajador en situación de baja perciba el mismo salario que cuando desempeña funciones laborales. En un acto en el Círculo de Empresarios Vascos, argumentó que: "si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar... este absentismo no se sostiene". Pedro Sánchez defiende los derechos laborales ante las críticas sobre el absentismo laboral calificándolo como injusto e insensible Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también ha respondido a Feijóo a través de redes sociales, acusando al PP de "aplastar a la clase trabajadora". Torres denunció que el PP pretendía regresar al poder para repetir políticas insensibles hacia los trabajadores. Lamentó que se etiqueten las bajas laborales como "cáncer", considerando esta terminología insensible como reflejo de sus políticas "contra el Estado del bienestar".
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido este martes que su partido no respaldará el decreto ley sobre vivienda que el Ejecutivo planea impulsar si se incluyen "regalos fiscales" para los propietarios. El Gobierno está negociando con los grupos parlamentarios para aprobar un nuevo decreto en materia de vivienda, previsto para ser debatido en el Pleno del Congreso este mes de julio. Belarra ha expresado su escepticismo sobre el contenido del nuevo texto legislativo, señalando que "nadie espera demasiado", ya que, según su interpretación, el Gobierno "no ha hecho nada para resolver el problema de la vivienda". Durante una rueda de prensa en el Congreso, la dirigente de Podemos criticó que hasta ahora solo se han promovido políticas que alimentan la especulación inmobiliaria. Belarra enfatiza que si se contemplan beneficios fiscales para los propietarios a cambio del apoyo de Junts, Podemos no respaldará la medida "Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda", concluyó Belarra. Además, denunció que los propietarios están obteniendo ingresos excesivos, a los que denominó un sueldo Nescafé, gracias a las rentas de sus inquilinos, lo que, según sus declaraciones, representa una transferencia de unos 28.000 millones de euros de los inquilinos a los propietarios. Belarra expresó su preocupación por lo que describió como una crisis de vivienda "sin precedentes" y señaló que el Gobierno no está tomando medidas efectivas para abordar esta creciente desigualdad. En sus palabras, "si algo ha pasado factura a este Gobierno es no actuar en materia de vivienda".
Aina Vidal, coportavoz de los Comunes y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche la cumbre de la OTAN para mostrar firmeza ante el presidente estadounidense, Donald Trump. Vidal ha expresado su intención de que España no se comprometa a elevar al 5% del PIB su gasto en defensa militar. La parlamentaria enfatizó que España ya cumple e incluso supera los objetivos de la OTAN que Sumar considera adecuados En su comparecencia en el Congreso, Vidal insistió en que no es necesario aumentar el gasto militar y que se debería poner más énfasis en incrementar el presupuesto para servicios públicos. Resaltó la importancia de mantener una postura firme frente a las demandas estadounidenses. Por su parte, Águeda Micó, diputada de Compromís que forma parte del Grupo Mixto, también se pronunció sobre el tema. Micó instó a Sánchez a mantener las prioridades actuales y no ceder a la presión para incrementar la inversión en armamento, algo que, según señaló, beneficia principalmente a ciertas multinacionales.
Dirigentes del Partido Popular (PP) han reaccionado en la red social 'X' a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Feijóo había cuestionado que los convenios de empresa permitan pagar lo mismo a quienes no acuden a trabajar. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, ha declarado que "Sánchez miente, como siempre" y ha criticado que el presidente premie a quienes engañan en vez de a los trabajadores. Gamarra también ha señalado el posible uso de los impuestos para favorecer conductas inapropiadas en el gobierno. Sánchez ha sido criticado por dirigentes del PP por sus planteamientos sobre las bajas laborales y el absentismo El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha lamentado la manipulación de un debate serio sobre el absentismo y el fraude laboral, apuntando que quienes trabajan son los más interesados en prevenir estas prácticas. Según Sémper, luchar contra estos problemas es fundamental para proteger el derecho a las bajas por enfermedad. Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del PP, ha cuestionado el compromiso de Sánchez para combatir el fraude, destacando la comprensión que tienen las personas trabajadoras sobre la diferencia entre una baja por enfermedad y las prácticas fraudulentas. Desde el punto de vista económico, Juan Bravo, vicesecretaria de Hacienda, ha subrayado el impacto del absentismo en las finanzas públicas y en los propios trabajadores. Por su parte, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, ha instado al presidente a cesar a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a dialogar con los médicos en huelga desde hace un año. Jaime de los Santos, vicesecretaria de Igualdad, ha manifestado que el presidente debería estar más en contacto con la ciudadanía para entender las consecuencias del fraude laboral. En una línea similar, Alicia García, portavoz del PP…
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la columna vertebral de la economía europea. Sin embargo, la complejidad regulatoria y la fragmentación de las normativas dificultan su expansión a nivel transfronterizo, según un informe de eBay titulado "Fortalecer el rol de las pymes en la transformación digital, económica y sostenible de Europa". El estudio revela que, aunque las pymes han demostrado una notable resiliencia en los últimos años, muchas de ellas siguen enfrentándose a obstáculos significativos al intentar crecer en el Mercado Único de la Unión Europea. "Las pymes no están ausentes del Mercado único, pero hay demasiadas que luchan por escalar dentro de él", afirma Sara Lapi, Senior Seller Manager para Europa central en eBay. "Si Europa quiere que las pymes contribuyan más a la competitividad, la innovación y el crecimiento, debemos facilitar la expansión transfronteriza". Las pymes representan el 99,8 % de todas las empresas de la UE, empleando aproximadamente a 88,7 millones de personas Según el informe, el 67 % de las pymes ya hace negocios en al menos otro Estado miembro de la UE, mientras que un 18 % adicional quiere expandirse a nivel transfronterizo pero aún no lo ha hecho. Entre las mayores barreras para el crecimiento se señalan la fragmentación regulatoria, los costes de cumplimiento y las cargas administrativas. No obstante, el comercio digital y los mercados online permiten a las pymes llegar a clientes más allá de sus mercados locales y participar de manera más eficaz en el Mercado Único. El informe subraya cómo las plataformas digitales pueden ayudar a las pequeñas empresas a acceder a clientes internacionales. Un caso ejemplo es Frank Burguera, fundador de California Motorcycles. Tras una etapa en Harley Davidson University, Burguera abrió en 2007 una tienda en Oliva (Valencia) y comenzó a vender en eBay en 2008. En…
Un 58% de los españoles creen que la red ferroviaria debería ser el principal destino de los recursos públicos en infraestructuras, de acuerdo con el informe 'Global Infrastructure Index 2026' de Ipsos, realizado entre abril y mayo. Este porcentaje representa un aumento de 21 puntos en comparación con hace dos años. El estudio subraya que la creciente preocupación por la fiabilidad y el mantenimiento de las infraestructuras se debe en parte a incidentes recientes en la red ferroviaria y a fenómenos climáticos extremos, como la dana que afectó a la Comunidad Valenciana en 2024. No obstante, la aceptación de un aumento del gasto público para mejorar dichas infraestructuras es menor. Solo el 43% de los encuestados estaría dispuesto a pagar más impuestos o asumir mayores costes, mientras que un 24% se opone y un 29% no se pronuncia. El estudio revela que la mayoría de los españoles ven en la red ferroviaria el principal objetivo de inversión, pese a la reticencia a aceptar mayores costes fiscales Además de las infraestructuras ferroviarias, las autopistas y carreteras principales han visto aumentar su prioridad para los ciudadanos, alcanzando un 53%, tras un incremento de 20 puntos respecto a 2024. La tercera mayor demanda en el ámbito infraestructural son las defensas contra inundaciones, mencionadas por el 38% de los encuestados, lo que representa un crecimiento de 11 puntos desde 2024. En el contexto infraestructural, el abastecimiento de agua y alcantarillado se sitúa en el cuarto lugar con un 34%, aunque ha experimentado un ligero descenso respecto al 36% registrado en 2024. La red de carreteras locales ocupa la quinta posición, pasando del 28% al 32% en estos dos años. El informe también destaca un aumento del descontento ciudadano. La insatisfacción con las infraestructuras ha crecido 17 puntos en dos años, alcanzando el 40%, superando…
El Consejo General de la Abogacía Española ha lanzado una advertencia preocupante sobre el estado del turno de oficio, señalando que este servicio crucial para la justicia gratuita podría estar en situación crítica en ocho comunidades autónomas si continúa la tendencia actual. Asimismo, cinco regiones podrían enfrentarse a un nivel de riesgo elevado antes del final de la década. Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se conmemora el 12 de julio, se ha presentado un estudio que arroja luz sobre la evolución del censo de abogados y la sostenibilidad futura del servicio. Según el informe, el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados desde 2020, lo que representa una disminución del 14,1%, reduciendo la cifra total de profesionales a 38.871 actualmente. A este ritmo, se espera que para 2030 queden menos de 33.000 abogados prestando este servicio en España. El turno de oficio es fundamental para el derecho de defensa en el país, pero su mantenimiento no puede depender del esfuerzo y la vocación de los abogados El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha recalcado la necesidad imperiosa de reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que cumple treinta años, para asegurar su continuidad con baremos y financiación actualizados. Más allá de mejorar las condiciones de los abogados, se trata de proteger un servicio esencial para todos los ciudadanos. El estudio también resalta el reto de garantizar el relevo generacional en un servicio que demanda una elevada dedicación y es vital para asegurar el acceso a la justicia. A medida que la necesidad de justicia gratuita crece año tras año, la cantidad de designaciones aumenta, lo que eleva la carga sobre los abogados disponibles. Se estima que la carga de trabajo por abogado pasará de 28 casos en 2025…
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en rueda de prensa la aprobación de 500 nuevas plazas para jueces y 200 para fiscales. Según aseguró, las convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, esperando que los primeros jueces y magistrados comiencen a trabajar para finales de año, específicamente el 31 de diciembre. Bolaños destacó que esta es la primera vez en la historia que se crean 700 plazas para jueces y fiscales en un solo año, un ritmo que se pretende mantener en los años venideros. De las 500 plazas para jueces, 368 están destinadas a tribunales de instancia y 96 a órganos colegiados. Se distribuirán 76 plazas en las audiencias provinciales, nueve en los tribunales superiores de justicia, siete en el Tribunal Supremo y cuatro en la Audiencia Nacional. Además, 34 estarán asignadas por territorio, permitiendo su movilidad según las necesidades laborales, mientras que dos se destinarán al Tribunal Central de Instancia. Este incremento supone un aumento del 8,5% en la planta judicial. Bolaños atribuyó esta expansión a la Ley de Eficiencia, destacando que el coste de una unidad judicial con tribunales de instancia ronda los 100.000 euros, comparado con los 500.000 a 600.000 euros de un juzgado unipersonal. El coste total de las nuevas unidades judiciales será de aproximadamente 55 millones de euros, mucho menos que los 260 millones que habrían supuesto los juzgados unipersonales tradicionales. Con la creación de estas plazas, se busca no solo reducir los tiempos para obtener resoluciones judiciales, sino también aliviar la carga de trabajo de jueces y magistrados Las 200 nuevas plazas de fiscales estarán distribuidas por comunidades autónomas y órganos centrales, reforzando áreas esenciales. Se crearán nuevos cargos, como el fiscal de Sala responsable de la protección…
La Audiencia Provincial de Madrid ha otorgado a Francisco Javier Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', la suspensión de su ingreso en prisión tras ser condenado a dos años por acceder a bases de datos policiales. Esta decisión está condicionada a que no cometa nuevos delitos en un plazo de cuatro años. Los magistrados, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, han decidido otorgar el "beneficio de la suspensión de condena de las penas privativas de libertad impuestas" a Gómez Iglesias. Además, deberá abonar una multa de 1.800 euros. La suspensión cuenta con el apoyo de la Fiscalía y está supeditada a la "ausencia de actividad delictiva" durante esos años y al pago de la multa. En caso de incumplimiento, se advertido que se procederá a ejecutar la pena privativa de libertad. El cumplimiento de la pena de prisión podría afectar negativamente al proceso de resocialización de Gómez Iglesias El Tribunal Supremo, en marzo pasado, había reducido la condena a dos años, un mes y 15 días, aplicando la atenuante de dilaciones indebidas. La Sala de lo Penal aceptó parcialmente el recurso presentado por Gómez Iglesias contra la sentencia original de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que había sido condenado a cuatro años y tres meses. La nueva decisión de la Audiencia Provincial considera que, dado el tiempo transcurrido desde la perpetración de los delitos, cercano a los 12 años, sin que se registren nuevas conductas delictivas, la ejecución de penas de prisión no es necesaria para prevenir futuros delitos. Se argumenta que la suspensión de estas penas puede facilitar el objetivo de la resocialización, siendo preferible optar por mecanismos de rehabilitación en lugar de penas de cárcel.
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027 como una estrategia para justificar un posible adelanto electoral en primavera. Durante una entrevista en Radio Nacional de España, Bravo sugirió que esta presentación puede ser una herramienta del presidente para justificar sus posturas políticas y propiciar unas elecciones anticipadas. Bravo explicó que, a su juicio, la estrategia de Sánchez podría consistir en presentar los presupuestos y, una vez rechazados, convocar elecciones para la próxima primavera, sin que ello se perciba como un adelanto electoral sino como una medida natural. Además, calificó como paripé y poco ético que se hable de nuevas cuentas públicas en un contexto de creciente casos de corrupción y debilitamiento de los apoyos parlamentarios, especialmente después de las críticas del PNV, Junts y las dudas de ERC sobre la aprobación de los presupuestos. Bravo considera que presentar los Presupuestos ahora, con menos respaldos políticos, es "tomarle el pelo a los españoles" El político del PP recordó que el Gobierno ha presumido de gobernar sin presupuestos aprobados durante gran parte de su mandato, y criticó que los presente ahora que cuenta con menos apoyos. En otro momento de la entrevista, Bravo se refirió a la situación económica, señalando que, a pesar de las circunstancias negativas, el país sigue creciendo, aunque cuestionó si ese crecimiento es verdaderamente beneficioso. El dirigente del Partido Popular planteó que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) podría estar influido por el aumento de población inmigrante y el endeudamiento público, sugiriendo que el incremento del PIB se debe al consumo público y no se traduce en un mejor poder adquisitivo para los españoles. Según datos citados por Bravo del CIS, el…