El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha instado al Gobierno a clarificar el origen de los 10.000 millones de euros que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado como necesarios para el ajuste fiscal previsto en 2026. La AIReF, liderada por Inés Olóndriz, demanda un recorte del 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) para cumplir con las reglas de gasto, lo que se traduce en aproximadamente 10.000 millones de euros.
En una rueda de prensa, Fernández ha exigido a las autoridades que expliquen cómo responderán a esta solicitud y, de ser atendida, de dónde procederán los recortes. El portavoz de Podemos ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los ajustes repercutan negativamente en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, algo que, según él, ha sido común en gobiernos anteriores del PSOE y el PP.
Fernández ha expresado que anticipa que los recortes no afectarán al gasto militar, que describió como histórico e infame. Según sus datos, el gasto en defensa asciende a 35.000 millones de euros anuales en armamento y tanques. Además, aseguró que Podemos se mantendrá vigilante ante las decisiones gubernamentales en relación con los ajustes fiscales.
Fernández advirtió que, si los recortes impactan en los servicios públicos, "seremos millones de personas las que estemos enfrente plantándole cara"
Presiones adicionales sobre interinos y vivienda
Por otro lado, el portavoz de Podemos ha reiterado su demanda al Gobierno de convertir en fijos a casi un millón de interinos de la administración pública. Este apoyo está condicionado a la aprobación del decreto ley sobre la jubilación parcial del personal laboral y los complementos de insularidad en Baleares, cuya votación en el Congreso está prevista para el jueves 23 de julio.
Asimismo, Fernández ha enfatizado que Podemos solo respaldará el decreto ley de vivienda, que el Gobierno busca aprobar este julio, si se elimina cualquier tipo de bonificaciones fiscales para los propietarios y se incluye una moratoria contra los desahucios en el texto.
