En una sesión en el Congreso celebrada este martes, el grupo Sumar ha propuesto recortar la financiación pública de la Administración General del Estado a aquellas administraciones que implementen regulaciones tarifarias discriminatorias, señalando específicamente a la Comunidad de Madrid. La controversia surge por la decisión madrileña de restringir el abono transporte a los ciudadanos empadronados en la región, una medida que, según Sumar, discrimina por razones de origen.
La propuesta ha sido presentada como una enmienda a una proposición no de ley del Partido Popular (PP), que pide al Gobierno que cumpla sus obligaciones pendientes bajo la Ley de Movilidad Sostenible. Sin embargo, para que la enmienda se someta a votación, necesita la aceptación del PP, algo que parece improbable en este momento.
Durante el debate, el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, reconoció que la iniciativa del PP para exigir el cumplimiento de las leyes es positiva, pero criticó que ignore otros compromisos, como elaborar un informe sobre el impacto de sustituir vuelos cortos por trenes y la implantación de un billete de transporte único a nivel nacional. En este contexto, Ibáñez justificó la enmienda de su grupo para incluir estos puntos adicionales.
La enmienda de Sumar busca además que no se otorgue financiación estatal a administraciones que discriminen por origen en sus tarifas
Por su parte, el diputado de Compromís también manifestó su rechazo a la medida de Madrid, argumentando que no solo penalizará a los migrantes sino que también afectará negativamente a los estudiantes.
