El Gobierno ha elaborado un borrador en forma de proyecto de Real Decreto que busca modificar la normativa vigente sobre igualdad retributiva entre hombres y mujeres. La propuesta, que proviene de varias carteras ministeriales, tiene como objetivo adaptar la legislación española a la directiva europea sobre igualdad salarial, intensificando las obligaciones de transparencia para combatir la brecha salarial de género.
Una de las propuestas más destacadas de este borrador es el endurecimiento de las exigencias de información para las empresas con 50 o más empleados. Se pretende que dichas empresas comuniquen abiertamente los criterios de progresión salarial, con el fin de que los factores que determinan las mejoras económicas y ascensos sean totalmente transparentes.
El borrador concede a los trabajadores el derecho a solicitar y recibir por escrito información sobre su nivel salarial, así como sobre los niveles salariales medios de sus compañeros del mismo nivel laboral
De acuerdo con el borrador, las empresas estarán obligadas a proporcionar estas informaciones en un plazo de dos meses tras la solicitud. Si los datos proporcionados resultan ser inexactos o incompletos, los trabajadores podrán solicitar más detalles o aclaraciones. Además, deberán informar a su personal al menos una vez al año sobre estos derechos y los pasos necesarios para ejercerlos.
Para preservar la confidencialidad, cuando la divulgación de información pueda implicar la identificación de sueldos de terceros, se propone que la información solo se comparta con la representación legal de los trabajadores, tomando medidas para su uso exclusivo en la defensa de la igualdad retributiva. Asimismo, se prohíbe incluir cláusulas que impidan a los trabajadores divulgar sus retribuciones.
El documento también establece la obligación para todas las empresas de mantener un registro retributivo actualizado que incluya a todo el personal, incluyendo a los altos cargos. Este registro debe presentar detalles como el salario base y complementos salariales, desglosados por sexo. La entrega de esta información a los empleados dependerá de la representación legal de los trabajadores en la empresa.
Además, el borrador endurece la regulación de las auditorías retributivas dentro de los planes de igualdad. Las empresas obligadas deberán ahora incluir un análisis exhaustivo de los factores que contribuyen a la brecha salarial, como las deficiencias en conciliación y promociones laborales. En caso de encontrar discrepancias salariales no justificadas, el plan de actuación empresarial deberá establecer medidas claras para corregir dichas desigualdades en un plazo máximo de dos meses.
Este nuevo marco pretende asegurarse de que los planes de igualdad incorporen evaluaciones detalladas de los puestos de trabajo y que las empresas mantengan actualizada la información conforme se llevan a cabo revisiones del plan.
