El Tribunal de Cuentas ha sido solicitado por Vox y el Partido Popular (PP) para investigar potenciales responsabilidades contables en la Diputación de Badajoz, tras la condena por prevaricación administrativa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la obtención irregular de una plaza en esta institución.
Vox ha instado al órgano fiscalizador a abrir actuaciones previas y recabar detalles sobre los pagos realizados en los contratos objeto del juicio. Según la formación, las cantidades abonadas desde fondos públicos a Sánchez por la Diputación ascienden a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024, lo que podría suponer un saldo deudor injustificado, dado que las plazas habrían sido creadas y ocupadas de manera irregular. Vox también solicita información sobre las retribuciones de Luis María Carrero, exasesor en la Presidencia del Gobierno y posterior empleado en la Diputación, para determinar si sus compensaciones coinciden con una prestación de servicios efectiva.
Por su parte, el PP ha solicitado a la Diputación de Badajoz la entrega de documentación relativa a la creación y modificación de las plazas de Sánchez y Carrero, así como de sus contratos, nóminas e indemnizaciones. El partido busca practicar una liquidación provisional que determine los alcances y las responsabilidades de los gestores implicados, así como aquellas de otros participantes en el proceso. Según sus estimaciones, el papel de Sánchez como coordinador en la Oficina de Artes Escénicas supuso un coste de 416.798,82 euros, mientras que el de Carrero en la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas ascendió a 113.200,76 euros. Esto deriva en un menoscabo provisional de alrededor de 530.000 euros.
La responsabilidad contable podría extenderse no solo a los perceptores de las retribuciones, sino también a los gestores y administradores que autorizaron y supervisaron el mantenimiento de las plazas
La Audiencia Provincial de Badajoz ha inhabilitado a Sánchez y Carrero por nueve años para empleo o cargo público debido al delito de prevaricación administrativa. Esta situación subraya la independencia de la jurisdicción contable, la cual es compatible con la penal sin que esta última dificultara la exigencia de responsabilidad por los mismos hechos.
