Un contribuyente con una fortuna de 800.000 euros pagará 1.164 euros por Patrimonio si es aragonés, 770 euros si es catalán y cero euros si es madrileño
“Año de elecciones, año de promesas y exenciones”. Con esta premisa, el ejercicio 2023 vivirá unos comicios autonómicos el próximo mes de mayo en los que una de las claves que podrían desequilibrar la balanza será la que marca el debate fiscal. Las discusiones sobre los impuestos llevan años dando que hablar en los diferentes parlamentos autonómicos y en el propio seno de la democracia española.
Es habitual que, en dichas discusiones, al hablar de la recaudación de impuestos, unos y otros dejen caer que la mayor parte lo queda el Gobierno central, a pesar de que las comunidades y los ayuntamientos también reciben y gestionan buenos porcentajes de la ‘tarta’ tributaria.
Durante el pasado septiembre de 2022 se produjo un choque de declaraciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular (PP). Mientras Feijoo acusaba a Sánchez de que el Estado "se estaba forrando con los impuestos", éste le recordaba que “el grueso de la recaudación de los impuestos va a las comunidades autónomas".
¿Es esto realmente así? ¿Qué competencias fiscales poseen las comunidades? ¿Tienen todas las mismas capacidades? Y, ¿hay relación entre las comunidades con impuestos más bajos y una mayor actividad económica?
Así se gestionan los impuestos en España
El sistema tributario español establece que determinadas competencias estén asumidas por el Estado, y otras, por las comunidades autónomas. Actualmente, hay establecido un régimen común -para la mayoría de las regiones-, en el que ambas se reparten la gestión de los impuestos, y otro foral -Navarra y País Vasco-, que permite ordenar y gestionar todos los tributos procedentes de los contribuyentes.
En el régimen común, el Estado recauda el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales (bebidas alcohólicas o tabaco, entre otros) y posteriormente cede a cada región el 50 % del IRPF y del IVA recaudado en cada territorio y el 58 % de los Especiales.
Las comunidades también se encargan de gestionar los rendimientos de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Son los gobiernos autonómicos quienes tienen en su mano el poder de subirlo, bajarlo o eliminarlo, hasta ciertos límites, por lo que se hace evidente que existen claras diferencias entre algunas regiones.
La recaudación total por tributos cedidos se situó en 15.788 millones de euros en el conjunto de las comunidades en 2021 -último año disponible en el Ministerio de Hacienda-, de los cuales, 4.154 millones correspondieron a Cataluña y 2.446 millones, a Madrid. Le siguieron muy de cerca Andalucía, con 2.273 millones y la Comunidad Valenciana, con 2.051 millones.
A estos se suman los impuestos propios con los que cuenta cada comunidad, que son creados y gestionados por sus gobiernos. Cataluña es la región que más recauda, más del 26 % del total. No obstante, es una cifra pequeña si se compara con el global de los ingresos tributarios en España: estos gravámenes solo supusieron el 1,7 % de la recaudación total en 2020, según los datos del estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2021’, elaborado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España (REAF-CGE).
El último debate sobre el asunto impositivo se produjo tras la aprobación del nuevo impuesto a las grandes fortunas, que también ha sido recurrido por algunas comunidades autónomas. Esta medida parece que podría ir en contra de la legalidad normativa que se otorga a los gobiernos regionales.
“En el caso de Madrid, parece evidente que una menor tasa fiscal coincide con un mayor crecimiento económico”
José Ramón Pin
La aprobación de este nuevo tributo se produce en un momento en que el Impuesto sobre el Patrimonio en cuatro comunidades (Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana) ya tenían mínimos exentos más bajos que el estatal, mientras que Región de Murcia lo ha aumentado considerablemente. En Andalucía y Madrid no se paga este tributo al estar bonificado al 100%, y Galicia lo bonifica ya al 50%. Con vigencia temporal, Cataluña y Comunidad Valenciana han subido el marginal máximo de su tarifa, al igual que Navarra. Por tanto, los contribuyentes con patrimonios superiores a 3,7 millones tendrán que pagar al Estado lo que se ahorraban en sus comunidades.
¿Menos impuestos, más riqueza?
Obviando el sinsentido que supone que Estado y comunidades autónomas se estorben por culpa de las competencias cedidas en materias como la fiscalidad, hay más variables que analizar para valorar cómo afectan los impuestos a cada región.
José Ramón Pin, economista y profesor emérito del Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones de IESE Business School, cree que existen tres factores que determinan la mejora económica de una región.
"En el caso de Madrid, sí que parece haber una evidencia de que, a pesar de partir con un PIB inferior al de Cataluña, una menor tasa fiscal coincide con un mayor crecimiento económico. Pero no es la única razón".
"El gran motivo del crecimiento de Madrid es la acumulación de capital humano. Madrid ha sido la receptora de mucha inmigración, tanto interna como externa, y de talento. Aunque esto también ocurría en Barcelona. El problema de Cataluña es que esa, hasta ahora, acumulación de capital humano, está desapareciendo. No solo se han ido las empresas por culpa del procés; se ha ido mucha gente con talento. Algunos por el tema de la presión lingüística, y otros por la transposición de rentas por efectos fiscales. A muchas empresas les es más barato trasladarse a Madrid".
"Pero tampoco son los únicos motivos. Madrid le está tomando la delantera a Cataluña porque no está preocupada por temas políticos; es una región más abierta en ese aspecto. Y por supuesto, también hay que destacar el efecto de la capitalidad. No es un efecto que se dé en todas las capitales del mundo. De hecho, lo normal es que la capital no siempre sea la capital económica. Barcelona podía ser (y hasta ahora lo era) como Fráncfort respecto a Berlín, o como Milán respecto a Roma, pero Madrid le ha adelantado en las últimas décadas".
Para el profesor Pin, esos tres factores (fiscalidad, apertura y capital humano) son esenciales, aunque ahora se le suma uno más: los polos de desarrollo que se están creando alrededor de las universidades.
"Madrid está empezando a ser un clúster de enseñanza universitaria en inglés y en castellano. Cualquier persona que quiera formarse en ambos idiomas, en Madrid tiene dónde estudiar. Las universidades privadas sirven también como punto de desarrollo para la región".
La ‘maraña’ tributaria de los gobiernos autonómicos
Volviendo al tema fiscal, las mayores diferencias las encontramos en el IRPF. En este tributo, donde hay un tramo autonómico que se suma al estatal, las comunidades con tipos mínimos más bajos son Madrid, Canarias y La Rioja-un 9 %, que se queda en un 18,5 % agregado- mientras que el más alto se da en Cataluña-un 12 %, el 21,5 % agregado-.
Así, un madrileño con un sueldo de 16.000 euros destinará 841,05 euros a los compromisos fiscales, frente a las tres diputaciones vascas, que tienen la mayor presión fiscal en este tramo, con 1.120 euros de cuota. Aunque aquí también hay truco, porque a partir de los 20.000 euros hasta los 110.000, País Vasco pasa a ser la región con menor IRPF, siendo Cataluña donde más se paga en los tramos de 20.000 y 30.000 euros. Por lo que respecta a los tipos máximos, Madrid tiene el más bajo -21 %-, un 43,5 % agregado.
Otros dos impuestos que hay que resaltar son el impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. El impuesto de patrimonio es un tributo estatal que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Fue suprimido en 2008 pero, con la crisis económica, en 2011, se decidió restablecer con carácter temporal. No fue así finalmente, ya que en 2021 se le otorgó carácter indefinido.
El impuesto existe en todas las comunidades, si bien algunas aplican bonificaciones que llegan hasta el 100 %, en el caso de la Comunidad de Madrid y, a partir de ahora, también de Andalucía. En Galicia, la bonificación es del 50%.
Debido a la bonificación total, Madrid es la región española donde menos impuestos se pagan por Patrimonio. Un contribuyente con una fortuna de 800.000 euros pagará 1.164 euros si es aragonés, 770 euros si es catalán y 0 euros si es madrileño. Para altos patrimonios, Extremadura es la región donde más impuestos se pagan: si en lugar de 800.000 euros tiene cuatro millones de euros, la cuota asciende hasta los 59.920 euros. En Madrid, continúa siendo 0 euros, mientras que en Cataluña este contribuyente debería desembolsar 41.944 euros.
El impuesto de Sucesiones y Donaciones grava la transmisión de bienes y derechos de una persona a otra, ya sea por causa de fallecimiento o voluntad. Al igual que en el caso anterior, las comunidades tienen en su mano establecen reducciones o bonificaciones, lo que provoca que sea mucho más ventajoso heredar en unas comunidades que en otras.
La comunidad con un tributo más alto en el impuesto de Sucesiones es Asturias, donde un contribuyente que herede 800.000 euros, puede llegar a pagar hasta 103.000. En Andalucía, Cantabria y Galicia no pagaría nada, mientras que en Madrid tendría que tributar 1.586 euros. En Castilla y León apenas 810.
En el caso de Donaciones, Extremadura lidera la clasificación. En este caso, si se donan esos 800.000 euros en efectivo, un extremeño pagará la friolera de 200.000 euros en impuestos frente a los cero euros de Cantabria o los 2.000 euros de Madrid, Castilla y León y Murcia.
Vistas las diferencias fiscales, cabe preguntarse: ¿Tienen la misma competencia en materia de impuestos todas las comunidades autónomas? De nuevo, la respuesta es no.
El cupo vasco, eterno motivo de conflicto
El cupo vasco es la cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado para financiar todos los servicios que están centralizados, pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos, que técnicamente se denominan cargas no asumidas. Como Euskadi recauda sus propios impuestos (no lo hace la Agencia Tributaria, como es el caso de las comunidades de régimen común), tiene que pagar luego su parte de los servicios centralizados (tanto los correspondientes a la comunidad como a las corporaciones locales).
El cálculo de todos estos gastos y ajustes se realiza de forma opaca, por lo que tradicionalmente se ha utilizado como una herramienta política para conseguir el apoyo del PNV en Madrid. Si el cálculo tuviese una metodología transparente, sería predecible y no serían necesarias reuniones bilaterales secretas entre los dos gobiernos para acordarlo.
"La eliminación del cupo vasco no traería un beneficio real a la economía, al menos durante los primeros años, y provocaría un choque político importante”
Este mecanismo de autogestión viene desde la época de los fueros medievales, y se plasma definitivamente en el Real Decreto de 28 de febrero de 1878, cuando es considerado el primer Concierto Económico del País Vasco. Solo Navarra y el País Vasco son denominadas como comunidades "forales", y son las únicas que tienen derecho a este método de autogestión.
Sin embargo, esto es percibido como algo injusto y desigual por el resto de regiones del país, tanto por la cesión de las competencias como por la capacidad de gestionar sus recursos sin las desavenencias del Estado.
Aunque para el profesor Pin, la eliminación del cupo "no traería un beneficio real a la economía española, al menos durante los primeros años de su aplicación, y provocaría un choque político importante". "Pasa lo mismo con la Unión Europea. Algunas de sus políticas son muy poco rentables, pero gracias a ellas, Europa Central lleva en paz muchas décadas", añade Pin.
La realidad, es que la historia del País Vasco y de Navarra están ligadas a este concierto, que empezó siendo una simple manera de garantizar los tributos de la zona a la Corona, evitando la complicada orografía y la dispersión poblacional.
"En aquella época, el territorio vasco era un lugar pobre, en comparación con Castilla. Pero a la Corona le era mucho más rentable dejar la tributación en manos de los nobles locales, que conocían la zona, en lugar de enviar a unos recaudadores de impuestos que desconocían el idioma y las costumbres del lugar. De esa relación nace la forma moderna del cupo", explica Pin.
Historia aparte, la realidad es que esta "tradición" medieval es desigual con las demás regiones del país, e incluso algunos partidos políticos se han atrevido a cuestionar dicha ley. Así sucedió con Ciudadanos en 2017. Por el momento, la última modificación del cupo aprobada en el Congreso, data de este mismo mes de febrero, y no parece que vaya a haber cambios significativos, al menos en lo que respecta a paliar esa diferencia interregional.
