martes 09 • agosto 2022

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El infierno fiscal

José Francisco Rodríguez
Presidente Revista Capital
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JF

Tengo que iniciar este artículo recordando que siendo cierto que la capacidad regulatorio fiscal corresponde al Estado las comunidades autónomas (y las corporaciones locales) tienen autonomía financiera reconocida en el artículo 153.1 de la Constitución Española, es decir, que puedan disponer libremente de sus recursos financieros y asignarlos a los fines establecidos en los programas de gasto.

La Fundación Civismo presentó recientemente la primera calculadora fiscal que permite al contribuyente conocer los impuestos que pagará en función de su residencia. Los resultados cuento menos son muy dispares.

La voracidad recaudatoria de algunas administraciones es insaciable tanto en IRPF como en IVA, y si añadimos el efecto inflación se convierte en un cóctel explosivo. Aquí mi primera sorpresa: ¿No sería mejor deflactar la tarifa para moderar la recaudación? Es un círculo vicioso, cada vez pagamos más impuestos porque tenemos inflación.

Después entramos en el efecto de las diferencias entre las administraciones y me detengo un instante en una reflexión muy sencilla. ¿Tiene sentido tener los impuestos más altos en las administraciones que más financiadas están desde el Estado? Pues curiosa coincidencia, ya que las empresas y contribuyentes de Comunidades Autónomas más financiadas por el Estado también pagan más impuestos.

Creo sinceramente que es una sinrazón no aplicar cuanto antes criterios de eficiencia en las inversiones. Este pozo sin fondo solo nos lleva al desastre, y no lo comento solo por la inflación o la altísima deuda que sufrimos en España, sino porque nos estamos convirtiendo en un país subvencionado donde la eficiencia y la competitividad solo la pone el empresario, que de reojo ve cómo la Administración tira de cartera. Una cartera, que, por cierto, pagamos los demás.

A finales de 2021 pudimos conocer también los datos sobre la presión fiscal de Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, y, aunque ya sea una obviedad, contrapone dos administraciones. Por tanto, ésta relaciona el desarrollo económico de cada una y la atracción de inversión con la tasa impositiva. Me refiero a Madrid y Cataluña, que, en el citado estudio, son las dos caras de la España de los impuestos, donde Madrid es la región más competitiva; y, por desgracia para todos los españoles, Cataluña se sitúa como la que más impuestos aplica. Otras regiones como Castilla y León sube siete posiciones en este ranking fundamentalmente porque reformó el Impuesto sobre Sucesiones. Y Andalucía sube cuatro puestos  al reformar el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto sobre el Patrimonio en 2021 y educir, de forma transitoria, los tipos de gravamen para las Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El estudio sobre todo destaca que el mayor impacto se centra en la Renta, Patrimonio y Sucesiones, de manera que las Comunidades Autónomas que no hicieron reformas en este sentido, continúan liderando la presión fiscal.

Siempre queda por saber si esa presión fiscal realmente tiene continuidad en las políticas sociales o de infraestructuras, con lo que podría estar de acuerdo. Sin embargo, con lo que ya no estoy tan de acuerdo es que esta presión a las empresas se dilapide en un crecimiento desmesurado de las estructuras públicas que no tengan un claro retorno económico.

Al final, y es lo normal en cualquier paso considerado del primer mundo, los impuestos afectan las decisiones empresariales, a la ubicación de las empresas, la creación y retención del empleo, la competitividad, la transparencia del sistema fiscal y la fortaleza de la economía a largo plazo.

Algo que parece tan evidente, no es percibido tan claramente desde algunas visiones políticas, haciendo una reducción simplista a la situación, situando a la empresa y el empresario como el malo de la película al que hay que exprimir a impuestos.

Estimados lectores, el futuro depende de nuestra capacidad de competir desde la empresa privada, impulsar el crecimiento vía inversión pública nos acerca a otros países donde la subvención inhibe cualquier iniciativa empresarial y donde el empleo y el talento, se reduce a la administración de tareas.

El Banco de España, una de las ya pocas instituciones independientes en el actual arco público español tiene entre sus competencias el artículo 7.4 f) de la Ley de Autonomía de la entidad financiera le confiere la de “elaborar y publicar estadísticas relacionadas con sus funciones”, por lo que no me extraña que en cada nuevo informe se reflejen nuevas sombras sobre la economía española y se recomienda hacer una revisión integral del sistema tributario español. Solo así se valora si las distintas figuras impositivas alcanzan sus objetivos de la forma más eficaz posible. Así, tal cual, eficaz; una clarísima alusión a la ineficacia como las recientes medidas adoptadas sobre la tributación sobre la gasolina.

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José Francisco Rodríguez
Presidente Revista Capital

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