El Gobierno ha autorizado cerca de 200 millones de euros en suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el primer semestre de 2026 para asegurar el funcionamiento de las mutuas colaboradoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social. Esta medida se ha tomado en un contexto de Presupuestos prorrogados desde 2023, requiriendo un total de 39 ampliaciones presupuestarias para evitar la parálisis operativa. Esta información está contenida en documentos oficiales de la Seguridad Social, enviados al Congreso y a los que ha tenido acceso Europa Press.
Estos créditos, que se regulan bajo la Ley General Presupuestaria de 2003, también implican que el Gobierno debe enviar un informe trimestral sobre los créditos concedidos a las Cortes. En el primer trimestre de 2026, el Ejecutivo autorizó trece operaciones de este tipo, con un importe de 76,16 millones de euros. Durante el segundo trimestre, la cifra subió a 121,2 millones de euros en 26 operaciones.
Los suplementos de crédito han sido esenciales para cubrir nóminas, gastos corrientes y nuevas inversiones no previstas hace tres años
En relación con los gastos de personal, las mutuas necesitaron inyecciones millonarias para adaptar las retribuciones de sus plantillas debido a los incrementos salariales recientes. La necesidad fue aún más notable en el segundo trimestre, coincidiendo con el pago extraordinario de verano. Entre las mutuas, Asepeyo recibió un suplemento de 14,3 millones de euros entre abril y junio para nóminas. M.A.Z, Egarsat, Mutua Balear y Solimat también recibieron créditos adicionales en el mismo periodo.
En el primer trimestre, Mutua Navarra fue la única en recibir un suplemento para gastos de personal, con 2,22 millones de euros. Sin embargo, en esos meses, Fremap, Mutual Midat Cyclops e Ibermutua obtuvieron suplementos importantes para gastos corrientes, sumando 52,75 millones de euros entre las tres.
El informe correspondiente al segundo trimestre también revela que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) necesitó un suplemento de crédito de 24,2 millones de euros para transferencias corrientes. Por su parte, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) fue autorizada a gastar un suplemento de 20,2 millones.
La autorización de estos créditos se realiza en un contexto de tensión financiera para la Seguridad Social, que cerró 2024 con una deuda de 106.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Además, el balance de la Seguridad Social se sostiene principalmente con préstamos estatales, a lo que se suma un "importante déficit estructural" de 2.677,3 millones en la gestión de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las mutuas.
