La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha dado la voz de alarma por el inicio de una de las vendimias más tempranas que se recuerdan en España, un fenómeno que atribuyen al impacto directo del cambio climático. En varios territorios, como Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Andalucía, la cosecha de uva ha comenzado con más de 20 días de adelanto respecto a las fechas tradicionales. Este cambio, impulsado por las recientes olas de calor, ha acelerado el ciclo de maduración de las uvas y ha afectado negativamente a la producción total.
UPA expresa su preocupación por la falta de rentabilidad del viñedo, subrayando que las primeras proyecciones estiman que la cosecha de este año podría igualar o incluso caer por debajo de los niveles de 2025, año en el que se registró la segunda peor producción del siglo. Esta merma en la cosecha coincide con una disminución de las existencias de vino, lo que debería impulsar los precios. Sin embargo, UPA denuncia que los precios ofrecidos a los viticultores siguen sin cubrir los costes de producción.
La combinación de menores cosechas, costes de producción disparados y precios insuficientes está haciendo inviable la actividad de miles de explotaciones familiares
Desde 2005 hasta 2025, España ha perdido más de 200.000 hectáreas de viñedo, lo que refleja una tendencia preocupante hacia la pérdida de potencial productivo. La causa principal, según UPA, es el constante aumento del coste de fertilizantes, combustible, energía y otros insumos, contrastado con una rentabilidad que sigue en deterioro.
Como respuesta a esta crisis, UPA solicita la implementación de un paquete de medidas urgentes que aseguren la viabilidad del sector. Entre sus demandas está el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a las bodegas a garantizar precios que cubran al menos los costes de producción. También proponen crear una ayuda específica para el viñedo de secano en la próxima Política Agraria Común (PAC), reconociendo su relevancia ambiental, económica y social.
UPA sugiere además establecer una línea de arranque quirúrgico, financiada por el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, para reordenar el potencial productivo sin comprometer al sector en su totalidad. Finalmente, piden ayudas complementarias que compensen el aumento de los costes de fertilizantes y combustible, para sostener la competitividad de los productores en un escenario cada vez más exigente.
