Patronales, supervisores, analistas y hasta la propia Comisión Europea se oponen al intervencionismo del Gobierno de Pedro Sánchez, por los riesgos de seguridad de suministro, inversiones, y sobrecoste para los consumidores
Foro Mercado Libre analiza las claves del sector energético y las complicaciones derivadas de la situación económica mundial
La brusca sacudida en el mapa energético tras la fuerte recuperación de la actividad económica después de la pandemia y, sobre todo, la invasión rusa de Ucrania -con subidas de precios y volatilidad sin precedentes- han puesto a prueba a la Unión Europea, que se halla en pleno debate parlamentario de la reforma de sus mercados de electricidad para garantizar el suministro de energía y precios asequibles para los consumidores. Todas las partes implicadas han tomado posiciones. El acuerdo no será fácil, dados los múltiples puntos de fricción, pero hay uno que suscita gran consenso: el rechazo a la propuesta del Gobierno español, que implicaría un cambio total del sistema al sustituir en gran medida el establecimiento competitivo de los precios por su fijación por el Estado.
Numerosos países miembros, europarlamentarios, patronales, supervisores, analistas e, incluso, la propia Comisión Europea se oponen al intervencionismo que defienden los socialistas españoles, que quieren fomentar contratos a largo plazo con precios intervenidos y prefijados de antemano y casi eliminar el uso del actual sistema marginalista, vigente en Europa y en el resto de las economías más avanzadas desde 1997.
“El Ejecutivo de Pedro Sánchez querría reducir el papel del mercado a su mínima expresión, convirtiendo al Estado en comprador centralizado mediante contratos forzosos a precio fijo de la mayor parte de la electricidad inframarginal (la de menor coste), consagrando así la fijación administrativa de los precios y la socialización de los riesgos, estrechando la contratación en los mercados. Ampliaría, en consonancia, el papel de la planificación”, explica Benito Arruñada, coordinador del Foro Mercado Libre.
El enfoque de la reforma debe estar dirigido por el mercado y no por obligaciones de cobertura impuestas políticamente
Euroelectric
Uno de los argumentos más sólidos en contra del desmantelamiento del sistema marginalista lo ha presentado la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que cifró en 34.000 millones de euros los beneficios anuales para los consumidores que ha generado el comercio transfronterizo y la integración del mercado liberalizado. El regulador europeo defiende que el diseño actual del mercado de la electricidad no ha sido el culpable de la crisis energética, sino todo lo contrario: ha contribuido a mitigarla al mantener la eficiencia y la seguridad de suministro.
Precios más caros y déficit de inversiones
Varias consultoras internacionales también han advertido de las negativas consecuencias, tanto para consumidores como para generadores, de una eventual materialización de la propuesta española. PwC, por ejemplo, ha avisado de que el mix de generación futuro no resultaría de la competencia entre agentes por invertir en tecnologías innovadoras y eficientes en costes, sino de las decisiones del Estado, algo que “podría derivar en sobrecapacidad de generación, con el consiguiente sobrecoste para los consumidores, o en déficit de inversión, lo que pondría en riesgo la seguridad de suministro”.
Es más, esta firma también alerta de que “una propuesta equívoca podría llevar a una situación en la que se rompa la solidaridad alcanzada entre los Estados miembros, resultado que sería devastador para el cumplimiento de nuestros objetivos comunes de descarbonización e independencia energética, a la vez que un motivo que podría ocasionar la ruptura de la Unión".
En la misma línea se ha pronunciado EY, que ha hecho hincapié en el principio de no retroactividad, esencial para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones necesarias para la transición energética. Del mismo modo, ha puesto de manifiesto la importancia de evitar la segmentación de los mercados, “velando por medidas homogéneas que no pongan en peligro ni el mercado interior, ni el funcionamiento del mercado eléctrico en la Unión Europea”.
Esta consultora también ve imprescindible el desarrollo de mercados de capacidad para garantizar la seguridad y flexibilidad del sistema. “En este sentido, en el caso de España, independientemente del acuerdo que se alcance, se debería aprobar cuanto antes nuestro propio mecanismo, con el fin de evitar problemas de seguridad de suministro en 2025, como prevé la asociación de redes europeas ENTSO-E en su reciente informe Adequacy Assessment”, afirma Antonio Hernández, socio de Sectores Regulados, Análisis Económico y Sostenibilidad en la rama de la consultoría de EY.
La respuesta de las patronales
Las primeras en responder a la propuesta española fueron las patronales del sector. Aeléc, Armie, Aprie, Afbel, Entra, APPA, AEE, Elecpor, Aedive y Aepibal, que agrupan a todos los productos de electricidad, enviaron un documento a Bruselas contra las principales medidas que proponía el Gobierno español para cambiar el mercado mayorista, o pool. Asimismo, Endesa, Iberdrola y EDP, a través de Aeléc, difundían un comunicado en el advertían de que esta propuesta de reforma ponía en riesgo las inversiones que el sector tiene previstas, en torno a los 15.000 millones de euros hasta 2025, y se oponían a que sea el Gobierno el que regule el precio de la electricidad de origen nuclear e hidráulico.
Con un tono conciliador, la patronal eléctrica europea, Euroelectric, reclamaba “un enfoque dirigido por el mercado” en lugar de “obligaciones de cobertura impuestas políticamente” porque forzar esos contratos por diferencia sería “el fin del mercado” porque “no hay incentivo”. “Un marco de resiliencia flexible implementado por los Estados miembros debería ayudar a garantizar la solidez del proveedor”, señalaba Euroelectric. Los distintos instrumentos a plazo deben lograr “un cuidadoso equilibrio entre el Estado y el mercado para evitar la canibalización de la iniciativa privada”, añadía.
Los productores de electricidad europeos ven necesario contener los riesgos en un sector al que se pide invertir 80.000 millones de euros cada año para alcanzar los objetivos climáticos que ha marcado la UE. Por ello, reclaman que se eliminen “las barreras legislativas”, especialmente las que confrontan los contratos de compra de energía o PPA suscritos, en su mayoría, entre las empresas generadoras y aquellos de sus principales clientes cuyos procesos productivos hacen un uso más intenso de la electricidad.
Grandes consumidores de energía
La propuesta de reforma del mercado eléctrico también ha unido a los grandes consumidores de energía que hacen sus propuestas al margen de la visión del departamento de Teresa Ribera. Recientemente, productores de papel y celulosa, metalúrgicos y plataformas de compra de energía renovable han pedido que se tengan en cuenta sus consideraciones, cuando la propuesta española se ha conocido sin haberse consensuado mínimamente con las partes implicadas, en este caso los consumidores intensivos de energía.
Se oponen, según un reciente comunicado, a la introducción de nuevas obligaciones, como las plataformas de negociación de PPA (‘power purchase agreement’ o acuerdo para la compra de energía) obligatorias o los contratos estándar. Indican que las empresas necesitan libertad para poner en marcha las estrategias de compra que mejor se ajusten a sus necesidades. Las barreras generales para el despliegue de energía renovable, como los permisos o la expansión lenta de la red, también afectan el mercado de PPA. “Centrémonos en resolver estos problemas mediante el uso de todas las herramientas basadas en el mercado para aumentar el despliegue de energías renovables y reducir los persistentes precios elevados de la electricidad”, señalan.
Además del sector eléctrico y sus intervinientes, estos grandes consumidores son una pieza esencial en la reforma del sistema. El encarecimiento de la energía, la dilatación de la puesta en marcha de nuevas instalaciones y de las inversiones necesarias para la transición energética, supondría la pérdida de competitividad de la industria europea. En esa medida, la reforma pone en peligro el crecimiento económico y el bienestar de sus ciudadanos.
