El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha solicitado avances significativos en el reglamento europeo contra la morosidad tras su reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En este encuentro, Cañete ha defendido la necesidad de implementar sanciones efectivas y establecer una legislación que penalice el incumplimiento de los plazos de pago legales.
Durante la reunión privada con Von der Leyen, Cañete, quien también preside Pimec y funge como vicepresidente de SME United, destacó la importancia de colocar la lucha contra la morosidad como prioridad en la agenda europea. La PMcM ha agradecido que la Unión Europea mantenga esta preocupación dentro de sus prioridades. Asimismo, Cañete ha valorado el compromiso de Ursula von der Leyen de trabajar en conjunto con los Estados miembros para lograr consensos hacia una normativa clara y eficaz para erradicar la morosidad.
Antoni Cañete subraya que trasladar la realidad de las pymes al más alto nivel europeo es crucial para alcanzar soluciones
Cañete ha resaltado que la morosidad no es solo un desafío administrativo o financiero, sino un problema estructural que obliga a las pequeñas empresas a financiar involuntariamente a grandes compañías y administraciones. "No podemos normalizar que aquellos que cumplen y generan valor sufran retrasos sistemáticos en los pagos. La morosidad destruye la liquidez, frena inversiones y limita el crecimiento, castigando especialmente a quienes tienen menos capacidad financiera", afirmó.
Asimismo, la PMcM ha señalado en un comunicado que la Comisión Europea ha iniciado un nuevo procedimiento de infracción contra España por no adecuar su normativa a las reglas comunes sobre morosidad. La plataforma insta al Gobierno español a aprovechar esta situación para corregir las deficiencias en la legislación nacional sobre los plazos de pago en el sector minorista. Según la entidad, las zonas grises en la normativa generan inseguridad jurídica y permiten prácticas injustas y no competitivas que afectan a pymes, autónomos y subcontratistas.
